Actas del Congreso

338 Carmen María Fajardo Martínez
buscar procedimientos para fortalecer el respeto de los derechos humanos
y erradicar los abusos.
La crisis económica —que como ya es sobradamente sabido— está azotando
gravemente todo el planeta, ha elegido como deben ser tratados a
partir de ahora los derechos humanos, teniendo la excusa perfecta para salvar
la crítica del momento. Debemos ser serios a la hora de analizar cómo
la crisis económica ha influido negativamente en los derechos humanos
cambiando la dimensión de su cobertura, por otra relegada a la mínima
expresión, es decir, cambiando la dirección de su evolución repercutiendo
negativamente en las personas y más fuertemente en las más vulnerables.
En España, la austeridad está teniendo impacto negativo en los derechos
humanos. Los ajustes presupuestarios —sobre todo en partidas sociales—,
han sido tan significativos en los últimos años que han llegado a
tener como resultado la degradación de los derechos sociales y un ataque
al Estado Social y Democrático de Derecho, obligando a las administraciones
y gestores públicos a cumplir con las medidas restrictivas de estabilidad
presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, entre otras, fijadas
en la Ley 2/2012, de 27 de abril. En la actualidad, los presupuestos de
2014 intensifican esa vía a pesar de la oposición de la gran mayoría de los
ciudadanos a dichas medidas.
Las personas con discapacidad que desde la entrada en vigor de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
eran tratadas —por fin— sin discriminación y en igualdad de condiciones,
están padeciendo una mayor desigualdad si cabe, pues el signo negativo
de la economía de los países da facilidades para la violación de derechos.
2. El modelo de la economía del bien común: Contratación pública
responsable como herramienta a favor de los colectivos desfavorecidos
En defensa de los derechos humanos y en contra de los beneficios lucrativos
y de competencia actuales, existen alternativas económicas basadas en
los principios de justicia, igualdad y solidaridad que pretenden defender y
fomentar los derechos de las personas. Estos principios teóricos son los que
rigen la teoría de la llamada Económica del Bien Común (EBC), sistema
operativo dirigido a la implementación de un modelo de relaciones socioeconómicas
más justo, sostenible y ético.
Con el fin de seguir invirtiendo en políticas sociales, es importante buscar
este tipo de alternativas siendo las administraciones públicas las que