Actas del Congreso

614 Verónica San Julián Puig
En todo caso, todas estas previsiones no serán tenidas en cuenta hasta
que lleguen a conocimiento del juez una vez instado el procedimiento
judicial de modificación de la capacidad del sujeto. El juez recabará certificación
del Registro Civil —art. 223.4 CC— y en la sentencia, además de
señalar el alcance de la modificación de la capacidad de obrar, indicará la
institución de guarda a la que va quedar sujeta la persona. Es a la hora de
establecer la persona concreta que ejercerá dicha guarda, cuando se tiene
en cuenta la designación hecha por el interesado. En principio, el juez respetará
dicha designación, prefiriendo a la persona deseada por el propio
tutelado sobre las demás. No obstante, el penúltimo párrafo del art. 234
CC que la reforma de 2003 ha dejado intacto, permite “excepcionalmente”
al juez designar en resolución motivada a una persona distinta, alterando
el orden de delación, si las circunstancias del caso y el beneficio de la persona
de cuya modificación de la capacidad se trate, así lo exigieran.
Los poderes preventivos constituyen otra forma de afrontar futuras situaciones
de afectación grave de las facultades del individuo. Su flexibilidad
radica en la opción que tiene la persona de conferir poder a otra u
otras para que actúen sobre su patrimonio, bien gestionándolo bien llevando
a cabo actos de disposición, desde ya y previendo expresamente que el
poder se mantenga aún en el supuesto de perder la capacidad con posterioridad
(apoderamiento continuado), o bien otorgándolo exclusivamente
para el caso de perder dicha capacidad, manteniendo hasta entonces su
eficacia en suspenso (apoderamiento ad cautelam). Lo interesante de este
instrumento es que el poder no se extingue si se produce la pérdida de
facultades del sujeto sino que subsiste, pudiendo de este modo seguir funcionando
con normalidad sus asuntos patrimoniales. La expresión de autodeterminación
se manifiesta en el contenido del poder que es muy amplio,
de modo que se pueden otorgar las facultades que se deseen al mandatario,
darle un ámbito de actuación con la extensión que desee, decidir si ese
poder lo adjudica a una o varias personas, que actúen de forma conjunta,
separada o sucesiva. El contenido además puede ser lo que se conoce clásicamente
como poder especial o general, pero también se puede establecer
un contenido ad hoc, adaptado a las circunstancias de la persona concreta,
es decir, que puede ser un poder en el que se autorice, por ejemplo, para
decidir el destino de los bienes, el internamiento o no en una residencia,
en el que se decida sobre el lugar donde se quiere vivir, etc.
Las instrucciones previas (art. 11 de la Ley 41/2002) permiten a una
persona mayor de edad, capaz y libre manifestar por anticipado su voluntad
sobre los cuidados y el tratamiento de su salud que desea recibir cuando
ya no pueda expresarse por sí mismo, el destino de su cuerpo o de los