Actas del Congreso

632 Inés Sánchez-Ventura Morer
Más allá de la posible unificación de conceptos que se haya producido
como consecuencia de la traducción de una lengua extrajera, lo que habría
que plantearse es sí el procedimiento de modificación de la capacidad de
obrar y más aún la posible sustitución de la capacidad de obrar es acorde
con los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Lo que nos
llevaría a otra pregunta indispensable para hacer frente a la ansiada reforma
del procedimiento de modificación de la capacidad de obrar: en caso
de que una persona no pueda decidir por sí misma, cual es el medio que
va a adoptar la legislación para que la persona con discapacidad intelectual
pueda entablar relaciones jurídicas y actuar válidamente en el tráfico jurídico.
Si ella no puede hacerlo por sí misma necesitara el concurso de un
tercero que lo lleve a cabo. Esta necesidad de contar con la asistencia de un
tercero no es nueva, ya en el año 2006 lo configuramos como un derecho
de las personas dependientes a través de la Ley 39/2006 de dependencia
que trata de asegurar que todas aquellas personas que tienen dificultades
para llevar a cabo las actividades de la vida diaria o las actividades instrumentales,
cuenten con la asistencia de un tercero ya sea a través de un cuidador
profesional o no profesional (en este caso un familiar). De la misma
forma que hay personas que se encuentran en estado de dependencia leve,
moderada o severa, habrá personas que tendrán más o menos limitada su
capacidad de obrar y ello no porque un juez haya dictaminado al respecto
sino porque su discapacidad intelectual le impide entender y querer lo que
se le presenta al entendimiento. Pero en este caso, será necesario reconocer
esa situación y designar el apoyo, el cuidador, la asistencia, el complemento,
etc. que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica
(utilizando la terminología de la Convención).
Ahora bien la declaración de falta de capacidad y el establecimiento del
mecanismo oportuno, en la medida en que puede afectar a un derecho
fundamental como es la dignidad y el libro desarrollo de la personalidad,
requerirá la intervención judicial. La capacidad es un rasgo propio de la
dignidad de toda persona, y únicamente podrá ser limitada por sentencia
judicial. Tal y como señala el Tribunal Supremo (RJ 1996/1413) en resolución
de 19 de febrero de 1996 (fundamento jurídico cuarto) 14 :
“La capacidad de las personas físicas, es atributo de la personalidad, no obstante
cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, en supuestos como el
esfuerzos de trabajo realizados en la 5ª sesión no hubo acuerdo y la cuestión salió
a relucir de nuevo en su 7ª periodo de sesiones de la mano de Estados como Japón,
Méjico, Serbia y Montenegro o Jordania.
14
Cfr. STS 19 de mayo de 1998 (RJ 1998\3878)