Actas del Congreso

Algunas reflexiones sobre las políticas públicas de discapacidad desde la perspectiva…
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permitir el acceso a la justicia a quienes carecen de medios suficientes para
litigar, es decir,
“a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos
los honorarios de los abogados y los derechos arancelarios de los procuradores,
cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características
del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia, al objeto
de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos.
Dicho en otras palabras, deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse
este pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel
mínimo de subsistencia personal familiar (sentencia 16/1994)”.
Nos encontramos, a juicio del Constitucional, ante un derecho prestacional
y de configuración legal: tendrán derecho a la justicia gratuita, de
este modo, los sujetos que el legislador decide que deben tenerlo (y en
la extensión que el mismo legislador decida a su prudente criterio); no
obstante, la propia Constitución ha fijado un límite insoslayable para el
legislador, a saber, que debe garantizar la gratuidad de la justicia a aquéllos
que carecen de recursos suficientes para litigar (concepto jurídico indeterminado
en el que, en cuanto tal, la indeterminación del enunciado no se
traduce en indeterminación de la aplicación la norma, sino que existe una
unidad de solución justa).
La regulación que lleve a cabo el legislador en materia de justicia gratuita
debe respetar, de esta suerte, “los gastos necesarios para garantizar
la subsistencia personal y familiar” (STC 16/1994), y en la medida en que
“estamos ante un derecho de carácter social que pretende evitar la indefensión y la
desigualdad de armas procesales que puede originarse en el acceso al proceso de las
personas que carecen de recursos económicos para litigar, no puede concederse de
modo ilimitado (STC 117/1998)”.
De esta doctrina del supremo intérprete de la Constitución podemos
extraer las siguientes conclusiones:
1º. En nuestro Derecho la gratuidad de la justicia es un derecho social
que no puede concederse de forma ilimitada, sino que ha de limitarse a
aquellos que carecen de recursos para litigar (aparece, si se me permite la
expresión, como un instrumento nivelador de las desigualdades, un instrumento
de remoción de obstáculos para conseguir la igualdad real y efectiva
de que habla el ya comentado artículo 9.2 de la CE).
2º. El derecho a la justicia gratuita es un derecho de configuración legal.
Por consiguiente, ha de ser el legislador quien delimite quiénes son los beneficiarios
del mismo y en qué extensión; con el límite de reconocerlo, en
todo caso, a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.