Actas del Congreso

512 Gemma Minero Alejandre
beneficio de la comunidad de propietarios, una vez realizadas. Este hecho
ha llevado a algún autor a calificar esta vía como supletoria. En efecto, si
la supresión de barreras fuera objeto de acuerdo con mayoría cualificada,
dicho acuerdo obligaría a la totalidad de propietarios, considerándose el
gasto de las obras un gasto común, incluso para los propietarios disidentes.
Por ello, el sujeto afectado por la discapacidad siempre tratará de provocar
un acuerdo que cuente con ese voto comunitario favorable (Carrasco Perera,
2010: 655-656).
Tras ello, la ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la LPH retomó la
tarea pretendida por el legislador 5 . En primer lugar, se determina que el
establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería,
vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando
supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá
el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios.
Seguidamente, se matiza que si en el inmueble residen personas con discapacidad,
la realización de obras o el establecimiento de servicios comunes
con el fin de suprimir barreras arquitectónicas que dificulten el acceso
o movilidad de esas personas requerirá únicamente el voto favorable de
la mayoría de los propietarios, siendo dichos acuerdos obligatorios para
todos los propietarios en ambos casos. La mayoría exigida por el objeto
del acuerdo se aplica también a la aprobación del régimen de gastos para
sufragar la correspondiente realización o instalación.
Siguiendo con la reseña de las reformas normativas adoptadas, la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga a la
comunidad de propietarios, a instancia de los propietarios en cuya vivien-
5
El texto de esta norma únicamente se refiere, de manera literal, a las “personas
con minusvalía”, pero ya entonces la jurisprudencia comienza a asimilar a este
grupo con las personas de avanzada edad, a los efectos de la aplicación de la
excepción de la regla de la mayoría reforzada, argumentando dicha asimilación
jurisprudencial en el marco de la función social que ha de cumplir la propiedad y
para hacer efectivo a ambos grupos el derecho de los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, de conformidad con los arts. 47 y 48 de la Constitución
Española, y con la regulación de sectores paralelos del ordenamiento, como son
la citada Ley 15/1995, y las diversas disposiciones normativas emanadas de los
órganos legislativos de las Comunidades Autónomas sobre atención y promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. En este sentido podemos
citar, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1995
(RJ 1995\5463) y de 22 de noviembre de 1999 (RJ 1999\8223) (Carrasco Perera,
Cordero Lobato y González Carrasco, 2012: 792).