Actas del Congreso

64 Antonio Luis Martínez-Pujalte
mediante la procura de información asimilable y manejable (lo que a tenor de las
normas internacionales citadas, corresponde a los poderes públicos), y su capacidad,
aunque limitada, pueda procesarla y actuar en consecuencia”.
Resulta patente la trascendencia de la doctrina formulada por esta Sentencia.
Siguiendo este criterio, a partir de ahora, para declarar la incapacidad
para el ejercicio del derecho de sufragio será necesario fundamentarla
expresamente, sin que sea suficiente para ello que la persona cuya
incapacitación se discute haya demostrado un desconocimiento absoluto
del sistema político, ni que pueda ser fácilmente influenciable, pues para
el ejercicio de derecho de sufragio sólo se requiere que la persona tenga
capacidad para decidir, aun cuando ésta se encuentre limitada. En parecidos
términos —pero dando, en mi opinión, un paso más— se pronuncia la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de marzo de 2014,
que —sobre la base de una argumentación sustancialmente coincidente—
llega a afirmar que:
“Sólo se puede declarar la incapacidad para votar cuando… se acredite que el demandado
no puede ejercer ese derecho fundamental y personalísimo con efectos
jurídicos, por ir en perjuicio del propio incapaz o cuando haya prueba directa y concluyente
de que, en el determinado momento de la votación, el discapacitado estará
privado de toda razón y de todo sentido 6 ”.
Si se aplicase con rigor la doctrina establecida en esta última Sentencia,
las restricciones del derecho de sufragio basadas en la discapacidad
quedarían prácticamente vacías de contenido, pues sería necesario para
declarar la incapacidad para el ejercicio de este derecho que se probase
de forma concluyente que la persona va a estar privada de toda razón
en el momento de la votación o que el ejercicio del derecho al voto le
produce algún tipo de perjuicio. En tanto no se reforme la LOREG para
derogar las dos causas de exclusión del derecho de sufragio mencionadas
al inicio de este epígrafe, la extensión de la línea jurisprudencial mencionada
puede significar un sustancial avance y un positivo resultado de
la Convención.
6
En la misma línea que las Sentencias citadas en el texto, pueden verse también,
por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de octubre
de 2013, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de enero
de 2013 (esta última expresa la duda acerca de si el Derecho español en materia
de incapacitación es contrario a las disposiciones de la Convención).