Actas del Congreso

520 Susana Montañez Heredia
La citada Convención, en su artículo 27 dispone, entre otras acciones
que los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho al trabajo de
las personas con discapacidad, mediante un trabajo libremente elegido y
aceptado en el mercado y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles adoptando medidas, incluida la promulgación de legislación,
para permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo
a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación, formación profesional para el empleo, así como el apoyo para
la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
Promover oportunidades empresariales, autoempleo, de adquisición de
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto.
Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con los demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y
en particular a igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo de
igual valor. A condiciones de trabajo seguras y saludables.
Este es un reto que, queda por cumplir especialmente en el empleo
protegido porque, como se verá, parece tener una concepción de empleo
de “segunda categoría” y tal vez el motivo sea el tener pendiente una regulación
actualizada a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro
país con la firma de la Convención y de su Protocolo Facultativo, y al
texto refundido que lo quiere desarrollar. Sin embargo, como se verá la
referencia a la normativa anterior por inexistencia de una actualizada hace
que no termine de aplicarse de manera contundente el contenido de la
Convención.
Nacen en 1985 los Centros Especiales de Empleo como fórmula de empleo
para personas con discapacidad. Son empresas promovidas principalmente
por asociaciones de personas con discapacidad y/o sus familiares,
sin perjuicio de que cualquier persona física o jurídica pueda constituir
uno.
El objetivo principal de estos centros es la integración laboral y por tanto
social de personas con discapacidad.
Realizarán cualquier actividad productiva participando regularmente
en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social
que requieran sus trabajadores con discapacidad.
La CIDPD ha tenido su reflejo en nuestro país en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y