Actas del Congreso

58 Antonio Luis Martínez-Pujalte
Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que han contribuido en numerosas
ocasiones a perfilar el contenido de los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución española.
En el presente estudio, me limitaré a abordar este concreto cauce de
recepción de la Convención en nuestro sistema constitucional, como parámetro
interpretativo de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad. Iniciaré mi análisis con una breve reflexión sobre la posición
constitucional de estos derechos, que me permitirá mostrar seguidamente
la potencialidad de esta vía de aplicación de la Convención, examinando
también para ello algunos ejemplos concretos en los que ya ha sido utilizada
con este propósito por los Tribunales.
2. Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la
Constitución Española
Resulta una obviedad afirmar que las personas con discapacidad tienen
reconocidos por la Constitución española los mismos derechos fundamentales
que todas las demás personas; derechos que —en virtud de lo dispuesto
por el artículo 53.1. CE— se imponen a todos los poderes públicos,
que deben respetar su contenido esencial, sin que en ningún caso puedan
alterarlo o restringirlo. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad
este reconocimiento genérico no es suficiente, pues existe una
situación de hecho —que es el punto de partida de todo el Derecho de la
Discapacidad—, consistente en la presencia de “barreras debidas a la actitud
y al entorno” (tal y como se expresa en el Preámbulo de la Convención),
que provocan en la práctica restricciones de sus derechos fundamentales
o les impiden un ejercicio efectivo de los mismos. Pues bien, la Constitución
española contempla esa realidad, y sienta las bases para una específica
protección jurídica del ejercicio de los derechos fundamentales por las
personas con discapacidad. Por un lado, el artículo 49 —expresamente
referido a las personas con discapacidad, si bien se encuentra redactado en
un lenguaje obsoleto, y trasluce una mirada hacia las personas con discapacidad
desde los parámetros del modelo médico o rehabilitador— afirma
que los poderes públicos “los ampararán especialmente para el disfrute de
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Sin embargo,
es más relevante en este ámbito el artículo 9.2, que no se refiere expresamente
a las personas con discapacidad, pero les resulta plenamente aplicable:
en efecto, este precepto obliga a los poderes públicos a “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos