Actas del Congreso

Los Centros Especiales de Empleo a la luz de la Convención Internacional…
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sociales lo mismo que las hay en materia de accesibilidad: la Disposición
Adicional 5ª del Real Decreto Legislativo 1/2013 Texto refundido de la Ley
General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social exige la memoria de accesibilidad en las infraestructuras de titularidad
estatal. Incluso la propia Convención habla de las obligaciones de
las empresas junto con los organismos públicos para la accesibilidad en su
artículo 9 junto al compromiso de los terceros en formarse en esta materia.
Se echa en falta semejantes exigencias en la regulación del trabajo en el
artículo 27 que lo enumera como compromiso de los Estados.
Son de destacar sendas sentencias del Tribunal Supremo 1186/2012 y
8621/2012 en aras de argumentar la subrogación de los trabajadores de
Centros especiales de Empleo en la nueva empresa entrante prestando
igual servicio. La problemática surge ante la etiqueta de relación de carácter
especial del CEE con sus trabajadores y que nos hace estar fuera
del supuesto de sucesión de plantillas del artículo 44 del Estatuto de los
trabajadores y que es lo que argumentan las empresas que no quieren seguir
con la relación de las personas con discapacidad. Por tanto, se puede
dar por este hecho una situación discriminatoria con los trabajadores con
discapacidad en este sentido y que no se ha resuelto aun legalmente. Por
ello reconoce el Tribunal Supremo que es unificación de doctrina el criterio
establecido en otra sentencia 806/2010 que concluye que “los trabajadores
discapacitados contratados por centros especiales de empleo que
concurran en el ámbito de la contratación, el tratamiento en el caso de
subrogación (sea en el sentido que sea, esto es, de salida o de entrada) ha
de ser idéntico al de los restantes trabajadores, con independencia de las
consecuencias laborales que en el ámbito de la naturaleza jurídica de la
relación laboral deban producirse”.
En tales supuestos, argumenta con acierto el alto tribunal en la sentencia
8621/2012 rige el criterio funcional que determina la aplicación de la
norma convencional de las empresas, actividad que realizan los trabajadores
en cuyo contrato ha de subrogarse cualquier empresa que aspire a
obtener la contrata en cuestión.
La determinación de la cláusula social y del criterio funcional deberían
de bastar para haber dado forma legal a estos supuestos ya que es el criterio
objetivo de la actividad vienen determinando que la no contratación de
personas con discapacidad supone, en estos casos, un trato discriminatorio
por desigual tratándose de las mismas funciones.
La integración laboral debe hacerse en el mercado ordinario de trabajo
y esa misma finalidad integradora se hará en condiciones que garanticen