Actas del Congreso

510 Gemma Minero Alejandre
en las últimas décadas y estudiaremos el estado actual de la cuestión, con el
fin de poder ofrecer una visión general del grado de efectivo cumplimiento
de este objetivo.
Originariamente, la LPH consideraba como actos necesitados del
consenso unánime de los propietarios todos los actos de alteración de
cualquier elemento común de la finca, entre los que se encontraban las
reformas de las fachadas, portales, escaleras y ascensores, entre otros, con
independencia de cuál fuera la razón de dicha reforma 2 . Consciente de
que la regla del voto de la unanimidad de la junta de propietarios se
traducía, en la inmensa mayoría de las obras y de las comunidades de
vecinos, en la imposibilidad absoluta de llevar a cabo cualquier tipo de
reforma, el legislador español ha venido aprobando una serie de modificaciones
normativas 3 . Estas ulteriores reformas legales establecieron un
sistema más complejo de mayorías reforzadas o mínimas, con las que se
buscaba suavizar el rigor de la anterior exigencia de unanimidad en las
votaciones de las juntas de vecinos cuando la reforma proyectada tuviera
como fin la eliminación de barreras arquitectónicas. Con ello se ha
tratado de hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, de conformidad con los arts. 47 y 48 de la
Constitución Española.
En esta línea se inserta la Ley 2/1990, de 21 de junio, de modificación
de la LPH para facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad
la adecuada habitabilidad de personas con discapacidad en el edificio de
su vivienda. Esta norma reformó el antiguo art. 16 LPH, con el fin de introducir
en su regla primera una excepción a la exigencia de unanimidad
en la adopción de acuerdos que implican la modificación de elementos
comunes. Según esta nueva norma los acuerdos para suprimir barreras arquitectónicas
que dificultasen el acceso y la movilidad de personas con
discapacidad no necesitarán cumplir con la regla de la unanimidad de los
propietarios, sino que podrán ser adoptados con el voto favorable de las
tres quintas partes. Con ello el legislador español se hacía eco de la doctrina
jurisprudencial iniciada por el Tribunal Supremo, que había venido
2
Elementos comunes enumerados expresamente en la lista contenida en el artículo
396 del Código Civil, con un carácter de numerus apertus.
3
El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de abril de 1999, destacaba: “Se considera
así hoy en día que la regla de la unanimidad es en exceso rigurosa, en cuanto
obstaculiza la realización de determinadas actuaciones que son convenientes para
la comunidad de propietarios”.