Actas del Congreso

52 Rafael de Lorenzo García
nuestro país. En primer lugar, es el que se deriva de la aplicación del artículo
10.2 de la Constitución Española que establece que
“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España”.
Aunque las normas contenidas en los Tratados obligan a España desde
su entrada en vigor, y son fuente directa y plenamente eficaces en el
Derecho interno una vez publicadas oficialmente, siendo susceptibles de
crear por sí mismas derechos y obligaciones directamente exigibles por
los particulares e invocables ante los órganos judiciales y administrativos,
lo cierto es que, la vinculación de los Tratados Internacionales no es una
práctica habitual de los juristas que seguimos minusvalorando el Derecho
Internacional, quizá porque queremos aplicar miméticamente las categorías
jurídicas del ordenamiento nacional a las regulaciones del derecho
internacional y es justo ahí donde quiebra nuestra lógica jurídica al carecer
dichas regulaciones internacionales de mecanismos realmente coercitivos
para hacer cumplir la norma, de cuyo incumplimiento no se derivan, habitualmente,
consecuencias negativas en términos de responsabilidades y/o
sanciones más allá de la mera reprobación de dichas conductas nacionales.
No es fácil despertar de hecho el interés de los operadores jurídicos por
unas normas que, para la mayoría, se hacen lejanas y que consideran que
poco tienen que ver con su experiencia personal. Se requiere un enorme
esfuerzo para introducir en la vida jurídica de los Estados la vigencia de las
normas supraestatales, pues no se debe olvidar que los Tratados de Derechos
Humanos son instrumentos internacionales especiales que establecen
no sólo relaciones entre Estados, sino muy especialmente, entre el Estado
y las personas que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción territorial.
El segundo de los retos que se plantean en el ámbito jurídico tiene
que ver con la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y
culturales, máxime en tiempos de crisis económica global. La tradicional
minusvaloración de estos derechos respecto de los de “primera generación”
ha arrojado serias dudas sobre su exigibilidad y, en última instancia,
su propia juridicidad. Con independencia de que los derechos de las
personas con discapacidad no son todos derechos económicos, sociales y
culturales, existe una cierta tendencia a considerarlos así, y en este punto
aparece el eterno problema de la exigibilidad de tales derechos. En el plano
internacional, la exigibilidad de estos derechos está ligada a la propia
estructura del Derecho internacional en el que dejan de existir diferencias