Actas del Congreso

342 Carmen María Fajardo Martínez
incluir cláusulas sociales especiales en relación con la ejecución del contrato.
En este contexto, sería necesario modificar el TRLCSP con el fin de
que la Administración cumpla —pues hasta la fecha está siendo un tanto
permisiva— en cuanto a la exigencia de inclusión de cláusulas especiales
en contratos vinculados a fines sociales, de esta manera, en contratos vinculados
por ejemplo con el fomento de la ocupación, se debería exigir obligatoriamente
que la empresa cuente con un 2% de trabajadores con discapacidad
para poder participar en la fase de licitación, de lo contrario la
Administración debería estar obligada a no contratar nunca con este tipo
de empresas que infringen la regulación legal vigente, e incluso debiendo
ser castigadas. Sería necesario difundir que empresas han sido reconocidas
y premiadas por desarrollar su actividad con compromiso social y de acuerdo
a la legalidad y cuáles no, como medida necesaria para concienciar al
tejido empresarial y a la sociedad en general.
Como planteamiento de buenas prácticas en contratación pública desde
la institución universitaria regional 8 y de acuerdo al TRLCSP 9 se pretende
dar un paso más en el compromiso social, contratando solamente con
des, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de
población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios
de las prestaciones a contratar” como criterio objetivo de adjudicación.
En idéntico sentido, el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación
pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente. cit.,
pág. 40, donde se afirma que “la utilización de criterios relacionados con el medio
ambiente, la eficiencia energética, la accesibilidad o la innovación en la fase
de adjudicación, y no sólo en las especificaciones técnicas o las condiciones de
ejecución del contrato, tendría la ventaja de impulsar a las empresas a presentar
ofertas que irían más allá del nivel fijado en las especificaciones técnicas, lo cual
promovería la introducción de productos innovadores en el mercado”.
8
Véase la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de
24.12.2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de
13.04.07); los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por
Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 160/2003, de 22 de
julio (DOCM de 24.07.03) y modificados recientemente por Decreto 25/2014, de
14/04/2014, por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de abril de 2014). (http://contratos.
uclm.es/documentos/buenaspracticas.pdf; consulta 07/04/2014).
9
Véase art. 118 del TRLCSP, en cuanto a las condiciones especiales de tipo
medioambiental o social que pueden establecer los órganos de contratación en
relación con la ejecución del contrato, teniendo por supuesto en cuenta el derecho
comunitario y los requisitos que la propia ley establece, así como las penas y
su tipificación establecidas en caso de incumplimiento.