Actas del Congreso

580 Joaquín María Rivera Álvarez
de la solicitud que, por imperativo de una jurisprudencia y de algunas regulaciones
autonómicas se había impuesto 3 —Art. 5 del Real Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público que modifica la Disposición Final Primera
de la Ley 39/2006—. También, en ese momento, el pago de las cantidades
que se hubieran obtenido a consecuencia del efecto retroactivo derogado
pueden ser aplazados y periodificados durante un plazo de 5 años desde la
resolución (disposición adicional sexta). Si bien, en el RD Ley 20/2012, se
amplió el plazo a 8 años, tal como indica su Disposición Adicional Sexta.
En relación con las prestaciones económicas para cuidados en el entorno
familiar y la de apoyo a cuidadores no profesionales, en el RD Ley 20/2012,
3
A nuestro parecer eran consecuentes, si bien sin expresarlo específicamente, con
la idea de que, dada la naturaleza de derecho subjetivo, de la promoción de la
autonomía, los efectos del reconocimiento deberían ser al momento de la solicitud,
dada la naturaleza declarativa de la resolución administrativa —siempre que
se darán los presupuestos al momento de la solicitud—. Es consecuente también
con la obligación que se impone a la Administración de reconocer la situación de
dependencia y, consecuentemente, la efectividad de las prestaciones y servicios
cuando, como declaran las Salas, no hay en la norma restricción alguna que haga
que la interpretación deba hacerse de otro modo, dado que la Disposición Final
Primera, hablaba de que la “efectividad del derecho” debía producirse a partir del
1 de enero de 2007, en un calendario establecido por grados y niveles en su redacción
originaria. En este punto, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, Sala Social, de 25 de marzo de 2010 (JUR 2010\259890) extremó dicha
regla a los casos en donde, debido a que la Administración no había construido
la organización y procedimiento, no pudo solicitarse el derecho a 1 de enero de
2007 —produciendo el efecto desde dicha fecha—. En otros casos, se reconoció a
fecha de la solicitud, como son los de las Sentencias de los Tribunales Superiores
de Cataluña, Sala de lo Social, de y 22 de octubre de 2011 (JUR 2011\82425) y de
21 de junio de 2013 (JUR 2013\259983); de Madrid, Sala de contencioso administrativo,
Sección 9, de 25 de junio de 2009 (JUR 2009\343177) y, de la Sección 8ª,
15 de julio de 2010 (JUR 2020\318383) —los casos de Madrid, por inactividad de
la Administración (Art. 29.1 de la LJCA)—, del de Valencia, las sentencias de 2 de
marzo de 2010 (la Ley 82845/2010), 17 de marzo de 2010 (JUR 2010\299550), 5
de mayo de 2010 (JUR 2010\299006), 27 de mayo de 2010 (La Ley 133472/2010)
y 20 de septiembre de 2012 (JUR 2013\109488) y del TSJ de Baleares, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección 1º, de 4 de abril de 2011 (JUR 2011\187359).
En algunos casos, se permitía a los herederos el cobro de los derechos habidos
—por prestación sustitutoria del servicio— cuando fallecía el solicitante sin haber
sido plenamente reconocido una prestación o servicio; ver la Sentencia del TSJ
de Cataluña, Sala de lo Social, de 22 de noviembre de 2012 (JUR 2013\21059) y la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Contencioso—Administrativa,
de 10 de noviembre de 2012 (JUR 2012\199117).