Actas del Congreso

514 Gemma Minero Alejandre
Tras ello se adopta la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que versa sobre las medidas de adecuación a los criterios
de accesibilidad universal impuestos por este convenio internacional. Su
artículo 15 modifica el apartado tercero del artículo 11 de la LPH, cuya
literalidad pasa a ser la siguiente: “Cuando se adopten válidamente acuerdos
para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará
obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce
mensualidades ordinarias de gastos comunes”.
La última norma legal reformadora de la normativa sobre la cuestión
que tratamos, la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbanas, trata de evitar que los actuales regímenes de
mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas
en la LPH y de evitar la duplicidad de normas y sistematizar y aclarar el
régimen de adopción de acuerdos sobre obras que afecten a elementos comunes,
que hemos visto hasta ahora, y cuyo oscurantismo ha sido criticado
por buena parte de la doctrina (Miquel González, 2011: 534). En lo que a
nosotros nos interesa, la ley de 2013 trata de regular en un único precepto,
el artículo 17 de la LPH, de manera completa, los quórums de adopción
de acuerdos que anteriormente se encontraban dispersos en varias normas
del articulado de la LPH.
Queda claro que las obras que la comunidad de propietarios tiene la
obligación de realizar no requieren acuerdo de la junta para su realización,
impliquen o no la modificación del título constitutivo y/o de los estatutos.
Entre las obras obligatorias para la comunidad se incluye todo trabajo que
resulte necesario para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber
de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes,
las obras necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad,
habitabilidad y accesibilidad universal “y, en todo caso, las requeridas a
instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten
servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de setenta
años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de
los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u
otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación
o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido
anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas
públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.
Cumplido este fin, la reforma será obligatoria para todos los propietarios,
sin necesidad de acuerdo de la junta, y sin que exija ya que estas obras no
supongan una afectación a la estructura del edificio o que no sean razona-