Actas del Congreso

546 Isabel Palomino Díez
Pero nada de ello hizo, por lo que debe concluirse que no existe en el presente
caso el consentimiento expreso que requiere la Ley” (FJ Segundo).
Sin duda, la resolución que mayor perplejidad nos causa —y ha causado—
es la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010, que
anula la de la Audiencia al considerar que la existencia de consentimiento
impide entender vulnerados los derechos al honor e imagen. Esta Sentencia,
con escasa y criticable fundamentación jurídica 16 , se centra en dos
hechos; de una parte, una discapacidad que no es incapacitación y, de otra,
que el actor fue voluntariamente entrevistado. En concreto, señala en su
Fundamento de Derecho Tercero que
“se presume una capacidad normal, mientras no se acredite una incapacidad, y los
datos fácticos del procedimiento no permiten negar las condiciones precisas para
apreciar que existió consentimiento para emitir por televisión la entrevista objeto de
debate 17 . Todo ello unido al contexto jocoso del programa de emisión, desprovisto
de agresividad difamatoria, conlleva a estimar el motivo del recurso de casación
formulado”.
Finalmente, por lo que se refiere a la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 16 de diciembre de 2013, su pronunciamiento vincula la exigencia
de consentimiento expreso del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982
con el mandato de protección de las personas con discapacidad contenido
en el artículo 49 CE de forma que aquella exigencia debe ser interpretada
rigurosamente 18 . Concluye el Tribunal que
“no existe en el presente caso un consentimiento válido y eficaz que permita excluir
la ilicitud de la intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen de Don
J.C.H.A. derivada de las conductas de los demandados en el proceso a quo quienes
(…), utilizaron esa situación de vulnerabilidad del señor H. con la clara y censurable
intención de burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera
16
Afirmaciones como la voluntad se debe presumir a tenor del artículo 2.2 de la citada Ley
1/82 no pueden, por menos, que ser criticadas (Castilla Barea, 2011:7).
17
La Sentencia del Tribunal Supremo no hace referencia alguna a la publicación de
la foto del actor en la página web del programa.
18
“Por tanto, en este supuesto, no basta con presumir la voluntad por el hecho de
realizar la entrevista, sino que era necesario que constara expresamente el consentimiento,
constancia que no ha quedado probada (FJ Sexto). Además, ante las
muestras evidentes de falta de capacidad en el entrevistado para entender la trascendencia
de sus actos, el entrevistador debía haberse asegurado “de que el actor
(…), era claramente conocedor de las características del programa en el que se
emitiría la entrevista y del alcance de ésta”, particularmente teniendo en cuenta la
naturaleza de aquél. “En defecto de tales garantías, la presencia voluntaria del entrevistado
no podrá equipararse a un consentimiento válido y eficaz” (FJ Sexto).