Actas del Congreso

La normativa tributaria española y el artículo 27 de la Convención Inernacional…
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Por su importancia para la mejor integración de las personas con discapacidad
en el mundo laboral (aunque también en su esfera personal) deseamos
comentar aquí la deducción prevista para gastos en investigación y desarrollo
en el art. 35 de la Ley del Impuesto. Dentro del concepto I+D se menciona
expresamente la concepción de software avanzado “destinado a facilitar a las
personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información”.
Esta deducción puede alcanzar importes importantes, ya que se prevé
que sea entre el 25% y el 42% de los gastos efectuados en el período impositivo.
La única crítica es que quizá debiera ampliarse el concepto de I+D, para
incluir toda investigación dirigida a lograr un diseño universal de productos.
Debemos subrayar que han desaparecido dos deducciones que favorecían
la movilidad de las personas con discapacidad y a las sociedades que realizaban
aportaciones a los patrimonios protegidos de sus empleados con discapacidad
o de las personas con discapacidad dependientes de los mismos. Aunque
la primera deducción era bastante limitada y claramente insuficiente,
pues sólo incluía las inversiones de las empresas de transporte por carretera
en plataformas de acceso para personas con discapacidad o anclaje de sillas
de ruedas en vehículos de transporte público, su desaparición no deja de ser
negativa, por lo que representa de restar importancia al apoyo que se da a
proporcionar accesibilidad al transporte, el cual es esencial para una movilidad
integral. Ambas deducciones están derogadas a partir del 1 de enero de
2011 en virtud de la disposición derogatoria 2ª de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, la cual estableció la disminución progresiva de los importes de las
deducciones hasta llegar a su desaparición a partir de la fecha indicada.
Es cierto que esta decisión de eliminar tales deducciones fue tomada con
anterioridad a la firma de la Convención Internacional que estudiamos. Sin
embargo, algunas de las deducciones que iban a desaparecer finalmente no lo
hicieron porque el legislador dio marcha atrás, por ejemplo en el caso de las
deducciones para proteger el medioambiente, que fueron recuperadas, con
modificaciones, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. Si
de verdad se tiene voluntad de proporcionar accesibilidad y apoyar el empleo
de las personas discapacitadas, estas deducciones podrían y deberían haberse
mantenido. ¿Por qué no rectificar mediante una Ley que las restablezca?
4. Conclusiones
PRIMERA: El artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en conjunción con el art. 4 de la
misma obliga a España, como Estado Parte, a adoptar todas las medidas le-