Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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Dos serán las cuestiones a examinar: la legislación relativa a su actividad
en el proceso, y la relativa a su capacitación especializada y organización
(Art. 12 y 13 de la Convención).
1. En cuanto a la primera, la Fiscalía se ha sumado a la tarea de implementación
de la Convención, interesando su aplicación en todas aquellas
intervenciones que requirieran un elemento interpretativo, o comparativo,
tendente a determinar el mejor encaje normativo posible en los principios
propugnados desde la Convención, destacando la actuación de la Fiscalía
del Tribunal Supremo ante la Sala Primera, que dio lugar a la sentencia de
29 de abril de 2009, donde por primera vez se abordó la cuestión relativa
a “la interpretación de las normas vigentes a la luz de la Convención de
Nueva York de 2006” y fundamentalmente la de 24/06/2013 sobre “La
curatela reinterpretada a la luz de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, desde un modelo
de apoyo y de asistencia y el principio del superior interés de la persona
con discapacidad”.
De modo que ya en la Instrucción 4/2008 sobre “Control y vigilancia
de las tutelas de personas con discapacidad”, expresó la oportunidad de
abordar diversas reformas legislativas para promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, actividad,
que ha tenido su continuidad en las Instrucciones de la Fiscalía 4/2009,
“Sobre la organización de las secciones de lo civil y del régimen especializado
en materia de protección de personas con discapacidad”, y la de mayor
relevancia en razón a su materia, la Instrucción 3/2010, “Sobre la necesaria
fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo en
los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas”.
Sigue pendiente, sin embargo, dada la envergadura de la tarea, que
trasciende de las meras cuestiones de procedimiento, la modificación de
importantes instituciones muy consolidadas del Código Civil, como la tutela
o el internamiento involuntario en la LEC, que al requerir su regulación
mediante Ley Orgánica por afectar a derechos fundamentales, no
parece probable pueda llevarse a cabo en breve. Sin olvidarnos además,
de la deseable armonización de las legislaciones autonómicas en materia
tan sensible, como queda patente desde la entrada en vigor el 1 de enero
de 2011 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, donde se regulan
ampliamente los mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad.
De este contexto nace la aspiración desde los distintos colectivos profesionales
relacionados con las personas con discapacidad y sus familias, de la