Actas del Congreso

Nuestro ordenamiento y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad parece
asumir que dentro del modelo de educación inclusiva cabe mantener en
ciertos casos la educación segregada, ya que en sus observaciones finales al
informe presentado por España, aparte de felicitarnos por el alto porcentaje
de matriculación de niños con discapacidad en el sistema de educación
ordinario (78,35%), recomienda al Estado que “vele por que las decisiones
de colocar a los niños con discapacidad en escuelas especiales o en clases
especiales, o para ofrecerles un plan de estudios reducido, se adopten en
consulta con los padres y pueden ser objeto de un recurso ágil y eficaz”
(CRPD/C/ESP/CO/1: § 44).
Por su parte, el Tribunal Constitucional, en una reciente Sentencia de
27 de enero de 2014, que resuelve un recurso de amparo 6868/2012, parece
asumir (bien es verdad que sin plantearse de forma directa la cuestión)
este carácter mixto de nuestro sistema sin considerarlo contrario al derecho
a la educación inclusiva. Entiende el Tribunal que
“(…) la Administración educativa debe tender a la escolarización inclusiva de las
personas discapacitadas y tan sólo cuando los ajustes que deba realizar para dicha
inclusión sean desproporcionados o no razonables, podrá disponer la escolarización
de estos alumnos en centros de educación especial”.
El Tribunal añade en el último párrafo del fundamento jurídico cuarto
de la Sentencia citada que
“(…) por respeto a los derechos fundamentales y bienes jurídicos afectados, en los
términos que hemos expuesto anteriormente, dicha Administración deberá exteriorizar
los motivos por los que ha seguido esta opción, es decir por qué ha acordado
la escolarización del alumno en un centro de educación especial por ser inviable la
integración del menor discapacitado en un centro ordinario”.
Eso sí, el Tribunal Constitucional, acto seguido, considera que tal exteriorización
de los motivos puede deducirse implícitamente de los dictámenes
psicopedagógicos realizados durante el procedimiento. A este respecto
se produjo un voto particular de dos de los magistrados, en el que se argumenta,
por el contrario, que las decisiones administrativas (máxime si se
refieren a la escolarización forzada segregada de un niño con discapacidad
y por tanto afectan a sus derechos fundamentales) deben estar avaladas
por los correspondientes informes técnicos, pero no deben descansar exclusivamente
en ellos, sino que, a la vista de los mismos, la Administración
debe motivar y ponderar una decisión. Desde este enfoque, que comparto,
la Administración debe ineludiblemente explicar, de forma expresa, no de
forma implícita, “por qué los ajustes que debía realizar para proporcionar
al menor la educación inclusiva a la que, en principio, tiene derecho, no