Actas del Congreso

582 Joaquín María Rivera Álvarez
3. Carencias y limitaciones de las garantías jurídicas para la protección
del derecho
3.1. La reacción de las instituciones legislativas y ejecutivas ante la nueva
legislación que, claramente, ha prologado el tiempo y restringido el contenido
de los derechos y servicios contenidos en la redacción inicial de la
Ley 39/2006, ha estado centrada, principalmente, en el problema competencial;
esencialmente, haberse excedido el Estado en la regulación de
las condiciones básicas de los derechos proclamadas en el Art. 149.1.1. de
la Constitución Española e invadiendo el título competencial en materia
de “asistencia social”. Así claramente, a la vista de los recursos de inconstitucionalidad
nº 5763-2012, promovido por el Parlamento de Navarra 4 , y
1983-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña 5 , si se ven los dictámenes
de sus órganos consultivos: Dictamen 37/2012, de 22 de octubre del
Consejo de Navarra y 11/2012, de 22 de agosto, del Consejo de Garantías
Estatutarias de Cataluña. Esta forma de control constitucional refleja claramente
las limitaciones de nuestras instituciones con claro perfil político
en la búsqueda de dinámicas que permitan ampliar el contenido de las
garantías reforzadas que se construye en nuestra Constitución. Es más, a
pesar de que el Dictamen catalán si contempla el problema de legitimidad
constitucional del RDL 20/2012, en relación con los Arts. 49 y 50, se es
consciente de que el propio Tribunal Constitucional ha valorado los problemas
derivados de la situación financiera y económica, para condicionar
el mandato de optimación constitucional contemplado, por ejemplo, en el
Art. 41 y 50 de la Constitución, cuando, en su Sentencia 189/1997, de 10
de noviembre, Fundamento Jurídico 10º, habla de que los preceptos que
imponen el deber de configurar el sistema de la Seguridad Social, deben
procurarlo de forma más adecuada “dentro de las posibilidades reales” 6 .
4
Admitido por el Pleno del Tribunal Constitucional por Providencia de 13 de noviembre
de 2012 (BOE, nº 282, de 23 de noviembre del 2012), que se limita a los
Arts. 22.8 y 28.9, disposición transitoria décima, aparatado primero de la disposición
transitoria duodécima y el párrafo tercero de la disposición adicional final
cuarta del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio.
5
Admitido por el Pleno del Tribunal Constitucional por Providencia de 23 de abril
de 2013 (BOE, nº 114, de 13 de mayo del 2013), que es más amplio dado que, en
nuestra materia, integra los Arts. 22, disposiciones transitoria octava a duodécima,
decimocuarta y disposiciones finales cuarta del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13
de Julio.
6
Véase el análisis de Tenorio, P. (2014): “El Tribunal Constitucional, la cláusula
del estado social y los derechos sociales”, en Perol-Jimena: Tratado sobre la protección
de los derechos sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 128 indicando conclu-