Actas del Congreso

La legislación y las políticas públicas desde la
perspectiva de la Convención
ANA SASTRE CAMPO
Delegada de Derechos Humanos del CERMI
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en
adelante CDPD) entra en vigor en España en el 2008. Si bien es cierto que la
Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y Accesibilidad
Universal ya dio un importante paso hacia el modelo social de desarrollo
de políticas públicas a favor de la plena inclusión de personas con discapacidad
1 , es la entrada en vigor del tratado de Naciones Unidas lo que obliga a llevar
a cabo un verdadero cambio de enfoque para las administraciones públicas
y para el poder legislativo en las competencias que a cada uno le son propias.
No es objeto de este texto desarrollar el modelo social de atención a las
personas con discapacidad que subyace en la Convención y que debe ser el
punto de partida para el diseño de políticas e iniciativas legislativas, configurando
lo que podríamos entender como “perspectiva de la Convección”.
La intención de mi intervención es la de hacer un breve y modesto análisis
de la situación actual en relación al grado de alineación que hay entre Convención,
legislación y políticas públicas, señalando algunas de las claves de
éxito que desde el ámbito de incidencia política puedo identificar.
En España la Convención aterriza en un marco jurídico que es la suma
de normas y políticas acuñadas de una parte en el modelo médico-rehabilitador
y de otra en el modelo social, en este último caso al amparo de los
importantes avances originados principalmente por la LIONDAU.
Sin embargo hasta poco antes de la LIONDAU, las políticas de discapacidad
estaban constreñidas fundamentalmente al ámbito de la política
social, que no al del modelo social. En este sentido se propició legislación
extensa en beneficios y prestaciones sociales, pero se olvidaron otros ámbitos
de desarrollo de la persona con discapacidad que se entendía todavía
1
Conocida como la LIONDAU y refundida ahora en el texto del Real Decreto Legislativo
1/2013 por el que se aprueba el Texto de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión.