Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
165
Esta redacción supone un avance frente a la original que establecía una
limitación en el acceso a la prestación a “personas con gran dependencia”
(aquellos valorados en grado III por la propia ley). Pero persiste una restricción
que no aparece en la CDPD al restringir el ámbito de las actividades
a las que se aplica excluyendo, por ejemplo, el ocio.
Ya desde las definiciones que se dan en la LPAD se ubica este en un
planteamiento que parte del modelo médico-rehabilitador. Así en su artículo
2.2
Definiciones. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal (Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, 2006).
Esta definición, que traslada el problema a la situación de la persona, es
un claro alineamiento con el modelo rehabilitador de la discapacidad, un
modelo que no es el elegido por la Convención y no garantiza el respeto a
los Derechos Humanos.
Paradójicamente, planteamientos más innovadores y acordes con los
nuevos tiempos se promovían en la extinta Ley 51/2003 de 2 de diciembre,
de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal
de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), en la que se expresa del
siguiente modo en la “Exposición de Motivos”:
(…) hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad
tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos
y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al
patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos
(Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de
las Personas con Discapacidad, 2003).
La LIONDAU se vio refundida en el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social (LGD).
La LGD supone un notable esfuerzo de sistematización y ordenación
de leyes anteriores usando un lenguaje de Derechos y con un carácter integral.
Sin embargo, esta mera compilación de Leyes (cuya compatibilidad
con la CDPD puede en algunos casos ser puesta en duda) no parece sufi-