Actas del Congreso

186 Rafael de Asís Roig
Por otro lado, me parece importante señalar desde el principio que esta
temática se enmarca dentro del discurso de los derechos humanos. No
creo que deba dedicar tampoco mucho esfuerzo para justificar esto. Como
es sabido, la autonomía se constituye en presupuesto y fundamento de los
derechos. Presupuesto al asociarse a la propia concepción del ser humano;
fundamento al ir unida al ideal de la vida humana digna, que es el fin último
de los derechos humanos (De Asís, R., 2010: 163 y ss.). Por otro lado, la
propia historia de los derechos humanos puede ser descrita en términos de
lucha contra la dependencia o, si prefiere, de lucha por la independencia,
de los seres humanos frente a situaciones de poder de diferente procedencia
y significado. Buena prueba de ello lo constituye la idea de los derechos
como límite al poder, entendida ésta no sólo en un sentido político sino
también económico, social, cultural e, incluso, “natural”.
Pues bien, es significativo que la Ley 39/2006 y la Convención sean dos
normas que se aprueban casi al mismo tiempo; la primera es del 14 de diciembre
de 2006 y la segunda del 13 de diciembre de 2006. Sin embargo,
sus referentes son distintos. Así, mientras la Convención adopta un enfoque
de la discapacidad y de las situaciones de dependencia, propio del llamado
modelo social (Palacios, A., 2008), la Ley 39/2006, con independencia
del avance que supuso en su momento, no es susceptible de integrar
dentro de ese modelo. Y seguramente esto se deba no solo al tenor literal
de sus normas sino también a la manera en la que estas se han interpretado
y aplicado.
En todo caso, la aprobación de un Tratado Internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad obliga a interpretar las normas españolas
referidas a estos conforme a esta disposición internacional, en virtud
de lo establecido en el art. 10.2 de la Constitución (Cuenca, P., 2012). Por
eso, la Ley debería ser interpretada conforme a la Convención y lo que no
pudiera hacerse así, debería ser modificado. Pero claro está, para ello es
necesario, por un lado, el conocimiento de la Convención y del modelo
social por parte de la comunidad jurídica, y por otro, voluntad de cambio
por parte de la clase política. Y me temo que ninguna de las dos cosas se ha
dado ni se da en este momento.
Cuando se aprobó la Ley 39/2006, existían ya una serie de cuestiones
polémicas que se enfrentaban o podían enfrentarse a la Convención. Entre
ellas cabe citar aspectos tan significativos como la comprensión de las situaciones
de dependencia o la regulación del cuidador familiar y del asistente
personal. Estas cuestiones polémicas eran el resultado de la manera en la
que ambas normas configuraban dos derechos similares pero distintos; dos