Actas del Congreso

454 Ascensión Leciñena Ibarra
que, según mi parecer, esta última referencia conlleva unas implicaciones
patrimoniales que, aunque también son inherentes en la guarda de apoyo,
las mismas no agotan su contenido al poder alcanzar éste implicaciones
personales derivadas de las funciones de cuidado de la persona que puede
asumir el guardador.
Abstracción hecha de la prioridad que el artículo 303 CC concede al
inicio del procedimiento de incapacitación, la virtualidad de la guarda de
hecho para servir a los fines tuitivos a que se ha hecho referencia podría
encontrar su cobertura legal en el propio precepto mencionado al establecer
éste que la autoridad judicial podrá “establecer asimismo las medidas de
control y vigilancia que considere oportuno”.
La presencia de control judicial en esta guarda de derecho es destacada
por algunos autores para evidenciar su proximidad a un cargo tutelar (véase,
por todos DÍAZ ALABART, S., et al., “El procedimiento de incapacitación
y las instituciones de guarda”, en La protección jurídica de las personas con
discapacidad (Estudio de la Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las personas
con discapacidad), dirigido por Silvia DÍAZ ALABART, Ibermutuamur, Madrid,
2004; consulta 26 noviembre 2013 en http://www.ibertalleres.com/
web_juridica/inicial.htm), perdiendo su condición de guarda de hecho
retrospectiva para convertirse en guarda de Derecho.
Igualmente se prestaría para conseguir tal resultado la remisión que
al artículo 158 CC hace el artículo 216.2 CC, que permite al juez en caso
de guarda de hecho tomar las medidas que considere oportunas cuando
lo requieran los menores e incapaces y que podrá adoptarlas dentro de
cualquier procedimiento, incluso de jurisdicción voluntaria. Incluso valdría
para ello el artículo 762 de la Ley de enjuiciamiento civil, que concede
amplias facultades a la autoridad judicial en este sentido.
Por todos estos cauces, el guardador de hecho reconocido judicialmente
mantiene no sólo el cuidado del menor o de la persona con discapacidad,
sino que también queda vinculado y legitimado para desarrollar actuaciones
patrimoniales en los términos contemplados en el artículo 304
CC, con las garantías que para el tráfico puede aportar como prueba de su
existencia el auto que contiene su nombramiento. Auto que, a través de
una anotación preventiva, podría dotar a la guarda de la publicidad que
le ofrece el Registro civil ex artículo 40.3.9º LRC 2011. Este asiento, como
aclara el propio precepto en su párrafo primero, en ningún caso tendría
el valor probatorio que proporciona la inscripción, reconociéndosele tan
sólo un valor meramente informativo.