Actas del Congreso

638 Encarnación Serna Meroño
a un reconocimiento jurídico y un respeto de la dignidad de las personas
con discapacidad, llevando consigo la proclamación de la igualdad jurídica
de todas las personas, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de la existencia de una limitación física, psíquica o sensorial (Ganzenmüller,
C. y Escudero, J.F, 2005:58).
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(—CIDPD— ratificada por España el 23 de noviembre de 2007,
Boletín Oficial del Estado, 21 de abril de 2008, nº 96, págs. 20648 a 20659),
ha supuesto un verdadero hito al proclamar como propósito inicial de la
Convención la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales para todas las personas con discapacidad, y la promoción
y respeto de su dignidad inherente. Así mismo, dispone que persona con
discapacidad sea aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
pueda impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
En el ámbito de la materia objeto de nuestra comunicación, la CIDPD
reconoce a las personas con discapacidad el derecho a no ser discriminada
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad
y las relaciones personales. Más en concreto se le reconoce a la
persona con discapacidad el derecho a contraer matrimonio y fundar una
familia sobre la base del consentimiento libre y pleno y a que se le respete
a decidir libremente de manera responsable el número de hijos que quiera
tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener
acceso a la información y educación sobre la reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad y se le ofrezca los medios necesarios que
le permita ejercer esos derechos (Cfr. art. 23).
El derecho a procrear hay que encuadrarlo dentro del derecho a fundar
una familia. La voluntad de querer tener un hijo es una manifestación del
libre desarrollo de la personalidad. La decisión de tener hijos y cuándo
tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las
personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de
la autodeterminación individual. Por ello, los poderes públicos están obligados
a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer
las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable,
poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria,
asesoramiento o información.