Actas del Congreso

516 Gemma Minero Alejandre
dad de propietarios. Es en este segundo momento cuando sí resulta necesario
un acuerdo de la junta para la distribución de la derrama pertinente
y la determinación de los términos de su abono. Los propietarios que se
opongan al pago o lo demoren injustificadamente responderán individualmente
de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa, quedando
sus pisos y locales afectos al pago de los gastos derivados de estas
obras en los mismos términos y condiciones que los gastos generales. Dicha
afectación determina un doble efecto. Por un lado, la preferencia en el
cobro de la deuda sobre ese concreto bien —el piso o local del propietario
moroso—, a favor de la comunidad, y la transmisión de la afección real al
propietario nuevo de ese bien que pueda resultar de una transmisión inter
vivos o mortis causa del piso o local afecto.
Con la reforma de 2013 se aclara que el establecimiento del ascensor
y el resto de obras de eliminación de barreras e instalaciones que tengan
como finalidad el logro de la accesibilidad universal estarán sometidas en
todo caso a la mayoría simple de los propietarios, y obligarán a todos los
propietarios. Para el resto de supuestos, las obras que no puedan justificarse
con el objetivo de la consecución de la accesibilidad universal de la
persona con discapacidad o el mayor de setenta años que reside o trabaja
en el inmueble estará sometida a la regla del voto favorable de la mayoría
cualificada de tres quintas partes de la comunidad de propietarios.
Tras ello, el art. 17 de la LPH acaba expresando las dos normas de cierre
que operan en el caso de que no sea aplicable ninguno de los criterios anteriores:
la exigencia de unanimidad del total de los propietarios, cuando
el acuerdo a adoptar implique la aprobación o modificación de las reglas
contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos
de la comunidad, y la exigencia del voto de la mayoría del total de
propietarios, en el resto de casos.
En resumen, el régimen actualmente vigente es el siguiente:
i) La realización de obras no requiere acuerdo previo de la junta de
propietarios, impliquen o no la modificación del título constitutivo o de
los estatutos, cuando hayan sido requeridas a instancia de propietarios en
cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios de voluntariado
personas con discapacidad o mayores de setenta años, cuando el importe
repercutido anualmente no exceda de doce mensualidades o cuando, excediendo
dicho límite, el resto del coste sea asumido por las personas que
hubieran requerido la realización de esas obras.
ii) Se someten al régimen de aprobación de la mayoría simple de los
propietarios cuando la instalación del ascensor tenga por objetivo la su-