Actas del Congreso

332 Manuela Durán Bernardino
como escudo justificativo para incidir con tal dureza en la protección de
este colectivo 15 .
A fecha de 30 de junio de 2013 había 210.275 personas que, siendo
beneficiarios con efectividad del derecho a prestación en dicha fecha, se
encuentran pendientes de la tramitación de la concesión, a los que hay
que sumar las 285.288 personas valoradas que están pendientes de la efectividad
del calendario de aplicación. Todo ello sin olvidar a las 99.509 personas
que habiendo presentado la solicitud aún están pendientes de ser
valoradas 16 .
El motivo de esta desprotección reside en la dilación del procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
que por regla general supera el plazo máximo de tramitación establecido
por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público (seis meses). Esta situación se
ve profundamente agudizada al eliminarse los efectos retroactivos de las
prestaciones del sistema, que surtirán sus efectos a partir de la resolución
administrativa en la que se reconozca el derecho a la prestación y por la
paralización del calendario de aplicación progresiva de la Ley hasta el 1 de
julio de 2015, que hace que personas con dependencia moderada reconocida
pierdan el derecho a ser atendidas.
La situación descrita exige cambios. La regulación jurídica del procedimiento
está incompleta y debe reformarse para ofrecer un marco común
completo, suficiente y ordenado en lo que se refiere a la estructura general
de procedimiento, simplificando los diferentes trámites, mejorando la ejecución
de los actos administrativos y estableciendo unas garantías para todo ciu-
15
La aportación del estado a la financiación del sistema ha ido disminuyendo de
forma progresiva, mientras que en 2012 era de 6.570 millones (21,4% de la financiación
total), en 2009 la aportación casi se duplicaba (40%). En consecuencia,
las Comunidades Autónomas y los propios usuarios se ven abocados a asumir el
coste del Sistema de dependencia para seguir atendiendo a los dependientes. Sin
embargo, las presiones del Gobierno a las Comunidades Autónomas para que reduzcan
los gastos públicos (incluidos los dirigidos a los dependientes) y la imposibilidad
de los dependientes para asumir su coste están provocando la paralización
y demolición del Sistema.
16
Así se ponen de manifiesto igualmente en el resumen avance a nivel nacional de
la evaluación anual 2012 de atención a la dependencia, SISAAD, 30 de noviembre,
2012. (Puede consultarse en http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/
imserso/documents/binario/saad_avanceresanual2012.pdf).