Actas del Congreso

148 María José Alonso Parreño
c. Admisión de alumnos condicionada por el rendimiento académico.
El apartado 2 del artículo 84, permite a los centros docentes reservar al
criterio del rendimiento académico del alumno hasta un 20% de la puntuación
asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias.
En la LOMCE hay un mínimo avance-retroceso en el artículo 122 bis,
que incluye menciones honoríficas y otro tipo de apoyo, señalando en su
apartado 3 que
El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes,
que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización
curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar,
a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la
aportación de recursos didácticos a plataformas digitales.
Finalmente, no quiero dejar de hacer mención a la reciente jurisprudencia
en casos de derecho a la inclusión educativa. Ha habido dos sentencias
muy relevantes en casos de alumnos con TEA.
La primera sentencia, muy esperanzadora, fue la del Tribunal Supremo
de 9 de mayo de 2011 (Recurso de casación 603/2010). Esta sentencia citó
la Convención y declaró vulnerado el derecho fundamental a la educación
de un niño con autismo escolarizado en Valencia en cuya aula de integración
preferente se daban las siguientes circunstancias
“Y, si no se respeta la ratio, extremo reconocido en el informe del Inspector de Educación,
faltan la programación y los protocolos de actuación, rota el personal, no
se asegura su cualificación y se reúne a niños que, por sus edades, deberían estar
separados, aunque el aula no sea ya pequeña y el personal sea el mínimo exigible, no
sólo no se han observado las exigencias legales sino que difícilmente puede decirse
que se haya respetado el derecho fundamental a la educación ofreciendo a los niños
a los que se refiere el recurso un tratamiento acorde con la situación de desigualdad
de partida en que se encuentran”.
Una sentencia devastadora ha sido la de la Sala 1ª Tribunal Constitucional
de 27 de enero de 2014 (recurso de amparo 6868/2012), en la cual se
ha confirmado otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León que daba la razón a la Administración educativa de forzar a un niño
a escolarizarse en educación especial. La razón por la que esta sentencia
constituye un mazazo para el derecho a la educación inclusiva estriba en
que se ha aplicado la legislación española y no la Convención de la ONU, la
cual da acceso incondicionado a los centros educativos ordinarios. La sentencia
del Tribunal Constitucional se funda en que el niño necesita mucho
más que un ajuste razonable para poder educarse en un aula ordinaria, lo
cual constituye una interpretación absolutamente incorrecta de la Con-