Actas del Congreso

584 Joaquín María Rivera Álvarez
Desde el campo estrictamente de la metodología de la ciencia jurídica,
se deben considerar que existe una regla por la cual no debe entrar la
regulación del derecho social en contradicción con el mandato constitucional
10 . Este test es especialmente relevante, desde la perspectiva constitucional,
por cuanto refleja, cómo nos dice Luigi Ferrajoli 11 , hasta que punto
nuestro Ordenamiento inferior —nuestra legislación ordinaria— respeta
los valores, principios y reglas de nuestra Constitución. Cuando hablo de
Constitución, me planteo las normas contenidas expresamente en nuestra
Constitución Española de 1978, interpretadas a la luz de las Convenciones
Internacionales sobre Derechos Humanos que, por imperativo del Art.
10.2 de la misma, deben “integrarse” en su contenido dándole sentido y
tienen el mismo valor que las expresamente reflejados en su texto 12 .
Esa regla de no contradicción debe condicionar la interpretación (restrictiva
de las normas limitativas) y la construcción de una argumentación
sobre la razonabilidad de las medidas conforme a la Constitución; no debemos
negar que, a los efectos de los ciudadanos, para poder llegar a tener
efectividad y acceso a control jurisdiccional, formalmente, debemos razonar,
a mi parecer, sobre todo a partir del principio de igualdad, sin perjuicio
de procurar la utilización, si es posible, de otros derechos fundamentales
y libertades públicas reconocidos en los Arts. 15 a 30 de la Constitución,
dado que permitiría el acceso a la garantía fijada en el Art. 53.2 de la C.E. 13 .
A primera vista, entendemos existente esta contradicción:
10
Ver (Peces Barba, 2007:100-101).
11
Últimamente, en su texto, Principia Iuris, I, Madrid, Ed. Trotta, 2011.
12
Se dice esto por que la Convención en su contenido sólo determina obligaciones
para los Estados que la ratifiquen o firmen, lo que pudiera tener escasa virtualidad
protectora en su ámbito —propiamente a esta consecuencia se denomina “soft
law”—. Y ello dado los mecanismos que se arbitran en la misma: A) Obligación
de los Estados de crear un organismo gubernamental encargado de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención. En función de la regla, en la
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1276/211, de 16 de septiembre,
designo al Comité Español de las Personas con Discapacidad (CERMI) como mecanismo
independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España
del citado Tratado internacional. B) Realización de informe exhaustivo por
los Estados sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones
conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados; uno originario,
a los dos años desde la entrada en vigor de la presente Convención; posteriormente,
al menos cada cuatro años, conforme al Art. 35 de la Convención.
13
Opinión genérica, entre todos, De la Iglesias, A. (2014), La fragmentación de la
exigibilidad de los derechos sociales en el ordenamiento constitucional español, en Perol-
Jimena, ob.cit., págs. 122-123.