Actas del Congreso

626 Inés Sánchez-Ventura Morer
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– Modelo de exclusión social: años cincuenta del siglo XX, las personas
con discapacidad eran consideradas una carga familiar. Apenas
se destinaban recursos a su educación y se les consideraba, en ocasiones,
inútiles.
– Modelo médico-rehabilitador: bajo esta concepción se entiende que
la discapacidad tiene una causa que puede ser tratada desde el punto
de vista médico. En esta etapa se desarrolla la legislación sanitaria y
asistencial en favor de estas personas.
– Modelo social: la causa de la discapacidad no se encuentra en el propio
sujeto, sino en la sociedad en la que se desenvuelve la persona.
Si bien es cierto que la CIDPD ha supuesto la recepción definitiva del
modelo social de atención a la discapacidad, no puede decirse que sea el
primer referente en la legislación española. En España ya llevábamos años
asistiendo a un cambio legislativo orientado a la inclusión de las personas
con discapacidad en distintos ámbitos, especialmente en el ámbito educativo
y laboral. La sociedad ha pasado de relegar a un segundo plano a las
personas con discapacidad a hacerlos partícipes de la vida social. Hoy en
día podemos observar como una persona en esas circunstancias puede desenvolverse
por sí sola, estudia, coge el autobús, acude a trabajar, etc. Todo
ello gracias al impulso de distintas organizaciones de protección de las personas
con discapacidad. Sin embargo, la continua evolución, adaptación y
modernización de las normas en materia de discapacidad se ha llevado a
cabo en el ámbito del Derecho Público, no así en el ámbito del Derecho
privado que se circunscribe fundamentalmente al ámbito del Derecho patrimonial
y de la posibilidad que tienen las personas con discapacidad de
entablar relaciones contractuales con otros sujetos.
De tal manera que de la misma forma que ha sucedido con el Derecho
público se trataría ahora de afrontar la modernización o actualización del
Derecho Privado de acuerdo con el nuevo modelo de atención a las personas
con discapacidad, cuestión que ya había sido puesta de manifiesta por
algún práctico del Derecho 2 .
1
Sainz de Robles, Federico, “Una perspectiva histórica” en Serrano García, Ignacio
(coord.), La protección Jurídica del discapacitado, I Congreso Regional celebrado en
Valladolid en el año 2003, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 25.
2
Marín Calero, Carlos (2005), Integración jurídica y patrimonial de las personas con discapacidad
psíquica o intelectual, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces y Fundación
Aequitas, pág. 20; De Ontiveros Baquero, Carmen, “Incapacitación judicial.
La curatela a la luz de la Convención internacional de los derechos de las perso-