Actas del Congreso

384 Cristina Guilarte Martín-Calero
sonalísimos; el Código civil, a mi juicio, con buen criterio, establece un
procedimiento al margen del actual expediente de la incapacitación que
permite constatar que la persona con discapacidad comprende el alcance
del acto que realiza, acto concreto y momento concreto 14 . Los jueces no
deberán, por tanto, al delimitar los actos para los cuales es preciso el apoyo
—sustitución o asistencia— incluir el matrimonio, el reconocimiento de
hijos o vivir en pareja. Es forzoso reconocer que son muchas las sentencias
de incapacitación que incluyen en el listado de actos vedados a la persona
con discapacidad el voto, el matrimonio, la vida en pareja o formar una
familia, en clara contradicción con lo dispuesto en el Código civil y con los
principios de la Convención 15 .
Por lo que se refiere a la capacidad para testar, el Derecho español, fiel
a los principios que rigen en la materia, pro capacitate y favor testamenti, y a
su configuración como acto personalísimo, reconoce, con carácter general,
aptitud para testar a los mayores de catorce años y a los incapaces en
intervalo lúcido. Veámoslo separadamente.
3. Especial referencia a la capacidad de testar
Antes de la reforma operada por la Ley 30/1991, de 20 de diciembre, de
modificación del Código civil en materia de testamentos, la incapacitación
no privaba al sujeto afectado de la facultad de testar, en coherencia con su
configuración como acto personalísimo y la concurrencia de la capacidad
natural apreciada en el acto del otorgamiento (art. 666 Cc); podía otorgar
testamento con arreglo a las formalidades recogidas en el originario artículo
665 que establecía que
siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo lúcido, designará
el Notario dos facultativos que previamente le reconozcan, y no lo otorgará sino
14
Debería exigirse al legislador este mismo proceder en materia de sufragio, suprimir,
pues, la privación del derecho de sufragio por sentencia de incapacitación
judicial o como consecuencia del internamiento en un hospital psiquiátrico admitido
en el artículo 3.1 de la ley de Régimen Electoral General y articular un
procedimiento que permita comprobar de forma concreta y puntual la aptitud
para comprender la trascendencia del acto en cuestión, el acto concreto en el momento
concreto; vid.ampliamente, Díaz Alabart, S., “El derecho al sufragio activo
de las personas con discapacidad. La visión civilista”, R.D.P, , nº 1 (2012), págs. 3
y ss.
15
Cfr. por todas las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de abril
de 2003.