Actas del Congreso

566 Mª Asunción Rancaño Martín - Carmen Almagro Martín
secución, utilizando así los tributos como eficaces instrumentos de política
económica y social al servicio de la consecución de los objetivos marcados
por la Constitución. En este sentido, el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria
dispone que:
Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios
para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos
de política económica general y atender a la realización de los
principios y fines contenidos en la Constitución.
La fiscalidad en nuestro país, se estructura en torno a un precepto constitucional
(artículo 31.1 Constitución Española) que determina la obligación
general de contribuir al sostenimiento del gasto público mediante un
sistema tributario “justo” inspirado en determinados principios, la mayoría
de los cuales aparecen reconocidos en nuestro magno texto (capacidad
económica, legalidad, igualdad, progresividad, alcance no confiscatorio…).
El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas
(en adelante, IRPF) configura este impuesto como un tributo de carácter
personal y directo, que grava la renta del contribuyente de acuerdo con su
naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Estas características
acentúan su adecuación al principio de justicia, no ya solo tributaria, sino
social, especialmente cuando a los colectivos más desfavorecidos nos referimos
frente a los cuales esa “personalidad” impositiva viene a unirse a otra
de sus más fuertes raíces, la que permite modular la carga tributaria atendiendo
a la verdadera situación del contribuyente, a la existencia de una
serie de circunstancias objetivas que, centradas en el obligado tributario y
su familia, permiten configurar el impuesto precisamente como subjetivo.
Por tanto, la concurrencia de determinadas “realidades objetivas” en el
contribuyente, por efecto de la norma, vienen a hacer subjetivo el modo
en que el mismo debe contribuir en el Impuesto en aras de su situación
“personal y familiar”.
El art. 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece que su propósito es “promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”.
Por su parte, el art. 4 recoge la obligación de los Estados Partes en la
Convención de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos
en aquélla. En definitiva, se trata de que los Estados asuman la responsa-