Actas del Congreso

236 Ángeles Carmona Vergara
adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, la cual afecta tanto al régimen de la tutela y la curatela, como a la
nueva terminología, en la que se abandona el empleo de los términos de incapaz o
incapacitación, que se sustituyen por la referencia a las personas cuya capacidad está
judicialmente complementada. Y, en segundo lugar y por lo que se refiere a la última
de la leyes indicada, porque también el contenido de esta ley se coordina con la Ley
de actualización de la legislación sobre protección a la infancia, que dará una nueva
regulación, entre otras cuestiones, al acogimiento de menores.
El Anteproyecto además se refiere en sus artículos 59 y 60 a la adopción
de medidas de protección del patrimonio de las personas con discapacidad.
LO Estatuto de la víctima: Mención especial merece en este Anteproyecto de
ley orgánica, el artículo 26, que versa sobre las medidas de protección para menores
y personas con discapacidad necesitadas especial protección, previstas
en el artículo 24 de la Directiva 2012/29. Se establece la posibilidad de que las
declaraciones del menor o de la persona con discapacidad se haga mediante la
intervención de expertos y que sean grabadas para su reproducción en el juicio
en los casos y con las condiciones determinadas en la LECrim. Este precepto
se completa con el artículo 433 LECrim, que asimismo es modificado por
el Anteproyecto, en el que se dispone que, a la vista de la falta de madurez de
la víctima, para evitar causarle graves perjuicios, su declaración podrá hacerse
mediante la intervención de expertos que, podrán dirigirle las preguntas, pudiendo,
incluso, limitarse o excluirse la presencia de las partes en la exploración
de la víctima, cuya grabación podrá ser ordenada por el Juez.
Finalmente, debe destacarse que el artículo 26 del Anteproyecto prevé
el nombramiento de un defensor judicial para la víctima menor o con discapacidad
necesitada de un protección especial, a instancia del Ministerio
Fiscal, cuando valore que existe un conflicto de intereses con los representantes
legales de la víctima, o cuando el conflicto exista solo con uno de
las progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente
sus funciones de representación y asistencia del menor o de la
persona con discapacidad; o cuando la víctima menor o con discapacidad
no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria
potestad o cargos tutelares (artículo 24.1 a Directiva 2012/29). Al mencionarse
solo al Juez de Instrucción, parece que se está pensando únicamente
en la fase de instrucción en un procedimiento penal de adultos. Por lo que
deberían hacerse los ajustes pertinentes para el caso de que la necesidad de
defensor judicial de la víctima menor o con discapacidad surja en la fase de
enjuiciamiento o de ejecución o en un procedimiento penal de menores.
En materia de medidas cautelares, el actual artículo 544 quáter de la LE-
Crim pasa a denominarse 544 quinquies y se introduce un nuevo artículo, en