Actas del Congreso

106 Federico Cabello de Alba
monial de sociedad de gananciales, ha de tratarse de actuaciones relativas
a bienes de naturaleza ganancial, no privativos, y, por último, limitado a
actos de disposición a título oneroso.
El artículo 1377 del Código civil tras sentar el régimen general de codisposición
sobre bienes gananciales, dispone que “si uno lo negare o estuviere
impedido para prestarlo, podrá el juez, previa información sumaria,
autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés
para la familia. Excepcionalmente acordará las limitaciones o cautelas que
estime convenientes”.
Parece claro que entra en el supuesto de hecho planteado, el caso de
que uno de los cónyuges se encuentre, por razón de discapacidad, privado
de prestar el consentimiento negocial. Sin necesidad de acudir a su incapacitación,
podrá realizarlo el otro cónyuge por sí solo con la pertinente
autorización judicial.
2.5. Patrimonio protegido y administración de los bienes
No podemos entrar, lógicamente, con la profundidad que sería necesario,
en el análisis de esta controvertida figura, incorporada también a
nuestro ordenamiento por la Ley 41/2003. Supone, simplificando quizá
en demasía, la posibilidad de afectar de modo duradero un bien o un conjunto
patrimonial a la satisfacción de las necesidades de una persona con
discapacidad.
En la vertiente que aquí nos ocupa es necesario destacar que basta que
el beneficiario, titular del patrimonio, sea una persona con discapacidad
psíquica igual o superior al 33% o física o sensorial igual o superior al 65%.
No es necesario, por tanto, que sea una persona incapacitada judicialmente.
Otra cuestión de interés es que se prevé una legitimación bastante amplia
para su constitución o para realizar aportaciones posteriores y, lo que
es más importante, quedará sujeta a un régimen de administración, disposición
y destino de los bienes a su extinción que, con una libertad casi absoluta,
regula la persona que lo constituye. Como únicos límites nos encontramos
con que la administración y gestión no puede recaer en personas
en quienes concurra causa de inhabilidad para ser tutores ni, lógicamente,
en personas que no tengan capacidad para administrar sus propios bienes,
que se requiere autorización judicial para todos los casos en que sería exigible
al tutor obtenerla salvo que el beneficiario tenga capacidad de obrar
suficiente y los consintiese, autorización cuya dispensa se puede solicitar a