Actas del Congreso

288 Pilar Cubiles Sánchez-Pobre
trabajo tal y como se establece en el art. 27 y a promover la investigación y
desarrollo de sistemas que logren una sociedad en la que todos sus miembros
puedan participar plenamente.
En relación con el trabajo y empleo, el citado artículo 27 dispone que
los Estados reconocen el derecho a “tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas
con discapacidad”. Ello se especifica en el deber de llevar a cabo
medidas concretas, entre las que deseamos subrayar las siguientes: Alentar
las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas
con discapacidad en el mercado laboral; promover el empleo por cuenta
propia y la constitución de cooperativas y promover el empleo en el sector
privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa e incentivos. Por último, deben velar por
que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el
lugar de trabajo. Ciertamente, estos ajustes razonables permitirán al trabajador
con discapacidad desarrollar su trabajo de forma eficiente, lo que irá
en beneficio tanto de él mismo como de la empresa en la que se integre.
Estos ajustes serían menos costosos si de verdad se promoviera el diseño
universal de los bienes y se desarrollaran y facilitara el uso de las nuevas
tecnologías en todos los entornos en que ello se requiera. De hecho, en el
documento de la ONU: “Monitoring the Convention on the rights of persons
with disabilities. Guidance for Human Rights Monitors. Professional
training series” (2010) se afirma que el derecho al trabajo de las personas
con discapacidad requiere examinar si las leyes laborales exigen a los empresarios
tomar medidas positivas para asegurar edificios físicamente accesibles
así como tecnologías accesibles como ordenadores o Internet.
2. La legislación española tras la Convención
El legislador español reaccionó positivamente tras firmar la Convención
Internacional. La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a
esta Convención Internacional fue un primer paso en ese sentido. Posteriormente,
el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social ha supuesto un avance más.
Sin embargo, no creemos que se esté haciendo lo suficiente o, al menos,
es evidente que se podría ser más ambicioso, especialmente en el ámbito
tributario, a la hora de introducir medidas legislativas a favor del colectivo