Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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siones que tratan de asegurar el cumplimiento del debido proceso 5 . Además,
el TC ha exigido una motivación expresa y reforzada de los elementos
que permiten justificar la privación de libertad que el internamiento implica
(necesidad, idoneidad y proporcionalidad) 6 . De acuerdo con este marco
normativo el internamiento involuntario debería configurarse como
una medida extraordinaria para responder a situaciones graves y urgentes
en las que concurre una necesidad de protección de la propia persona
con “trastorno psíquico” o de terceros y resulten insuficientes otros mecanismos
menos gravosos. Y en su adopción y desarrollo deberían aplicarse
rigurosamente las exigencias contempladas en el artículo 763.
Ahora bien, no es menos cierto que en la práctica se ha procedido a
una aplicación extensiva del internamiento involuntario que se ha convertido
en una medida ordinaria de atención a las personas con discapacidad
(CERMI, 2010). Su uso exagerado ha redundado en una actividad judicial
en muchos casos mecánica o rutinaria (Real Patronato sobre Discapacidad,
2012) opta por una interpretación lo menos exigente posible del artículo
763. Además, el fenómeno de la puerta giratoria y la puerta de tránsito al
sistema penal han revelado su absoluta ineficacia.
Desde diversos ámbitos se han realizado valiosas propuestas orientadas
a la interpretación del artículo 763 LEC de conformidad con las exigencias
de la CDPD (Gazenmuller y otros, 2010) y a la actualización y reubicación
de esta regulación (AEN, 2011). Pues bien, a mi modo de ver, la CDPD exige
la derogación del internamiento involuntario en tanto medida especial
de privación de libertad de las personas con discapacidad 7 .
El legislador español puede considerar el ingreso involuntario justificado
en algunas situaciones. Ahora bien, los supuestos de hecho de estos
5
Como la participación del Ministerio Fiscal, el obligado examen y audiencia del
interesado y la emisión del dictamen de un facultativo, la posible audiencia de
otras personas que el juez estime conveniente o sea solicitada por la persona afectada,
la posibilidad de que ésta cuente con representación y defensa, la disposición
de un recurso para cuestionar la decisión y el establecimiento de controles
periódicos a través de la remisión a la autoridad judicial, al menos cada seis meses,
de informes realizados de los facultativos que atienden a la persona que deben
pronunciarse sobre la necesidad del mantenimiento de la medida.
6
STC 141/2012 de 2 de julio.
7
De acuerdo con las consideraciones mencionadas realizadas por la Oficina del
Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad También el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura
(2008) ha considerado los internamientos forzosos contrarios a la CDPD.