Actas del Congreso

Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad
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Podemos observar que el porcentaje de personas que reciben la prestación
económica de asistente personal es muy bajo en relación con otras,
como por ejemplo, la atención residencial, centros de día y la prestación
económica de cuidados familiares. Destaca el País Vasco con un 2,80%
como la comunidad donde más personas la reciben, 1.395. Le siguen muy
de lejos Castilla y León con 82 personas (0,11%), Galicia con 48 (0,12%),
la Comunidad de Madrid con 31 (0,03%); Catalunya con 16 (0,01%); Andalucía
con 14 (0,01%), Castilla-La Mancha con 7 (0,01%) y la Comunitat
Valenciana con 3 personas (0,01%). Siete comunidades autónomas no proporcionan
a ninguna persona esta prestación y en otras cuatro, el número
de beneficiarios es simplemente testimonial. Esta situación está claramente
en oposición a los principios que se recogen en la Convención.
Destacar, por otro lado, la importancia de los proyectos puestos en práctica
en algunos lugares de nuestro país como son Madrid, Barcelona y el
País Vasco para que el derecho a una vida independiente de las personas
con discapacidad sea una realidad. Estas experiencias han mostrado que
una buena autogestión de la asistencia personal es una herramienta fundamental
para implementar políticas públicas de vida autónoma.
5. Conclusiones
Como hemos comprobado, los resultados constatan que, ocho años
después de su aprobación, la aplicación de la prestación económica es
francamente insuficiente y desigual en todo el territorio nacional. En siete
comunidades autónomas aún no se ha aplicado y en dos, solamente una
persona, recibe esta prestación. Por lo que podemos afirmar que la puesta
en práctica de la prestación económica de asistencia personal resulta escasa,
por no decir ridícula.
A partir de la mencionada reforma de julio de 2012, nuestra legislación
reconoce este derecho subjetivo a toda persona en situación de dependencia,
independientemente del grado. Sin embargo, la puesta en práctica de
este derecho de ciudadanía no se ejecuta, ya sea por falta de legislación
específica, por falta de financiación económica o, lo que sería el peor de
los casos, por falta de voluntad política.
Debemos recordar que la Convención Internacional sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas, forma parte de la
legislación de nuestro país desde el año 2008. Esto significa que España
debe garantizar el principio de autonomía individual y el derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluido en la comunidad a través del acceso