Actas del Congreso

96 José Mª Ayala de la Torre
3º. Es un derecho prestacional.
Pues bien, tras la reforma llevada a cabo por el legislador con el Decreto-Ley
3/2013 de 22 de febrero la referencia al salario mínimo interprofesional
es sustituida por la del IPREM (Indicador público de Renta de
efectos múltiples), lo que supone una elevación de las cuantías por debajo
de las cuales se reconoce el derecho. Por otro lado, el artículo 5.2 de la
Ley 1/1996, con la redacción dada por el Decreto-Ley 3/2013, permite
que pueda reconocerse por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el
derecho de justicia gratuita a las personas con discapacidad cuyos recursos
no excedan del quíntuplo del IPREM en cómputo anual.
Ésta es la regulación actual del derecho de asistencia jurídica gratuita
en relación con las personas con discapacidad y con ello puede verse satisfecho
el principio que recoge el artículo 13 de la Convención y el derecho
reconocido en el artículo 119 de la CE, tal y como lo entiende el TC español.
No obstante, no sería contrario ni a un texto ni a otro el reconocer el
derecho a la gratuidad de la justicia de las personas con discapacidad en
todo caso, con independencia de sus recursos económicos, se trataría de
una norma de discriminación inversa admitida en nuestro Derecho.