Actas del Congreso

562 María Pérez Muñoz
cuente en las mujeres que presenta algún tipo de discapacidad intelectual
porque la manipulación y el engaño la hace presa fácil de
este tipo de delincuentes que suelen decir “a ellas les gusta” y les dan
a cambio cualquier obsequio infantil. Con frecuencia aunque estos
delitos sean denunciables, quedan impunes por falta de la misma.
– Violación: constituye el grado máximo de agresión sexual. Son actos
producidos desde una situación de superioridad y abuso de fuerza.
Existen casos entre las mujeres consideradas, en el medio laboral, y
otros proceden del entorno cercano, padres y hermanos.
La violencia sexual contra las mujeres con discapacidad provoca un
gran daño psicológico sobre ellas y les origina graves secuelas. Si junto
a ella confluyen otros actos más sutiles derivados de actitudes y prácticas
discriminatorias por la misma razón de la discapacidad, tenemos un doble
maltrato.
La manera en que las mujeres con discapacidad responden a la violencia
sexual va a depender de varios factores como:
– Sus características personales.
– Las circunstancias del abuso o la agresión.
– La protección, apoyo y respuesta que encuentre en su entorno.
La violencia sexual para las mujeres o niñas discapacitadas son devastadoras
para el funcionamiento psicológico de la persona que la padece.
Las consecuencias a medio y a corto plazo pueden agravarse dando lugar a
secuelas psicológicas de mayor entidad.
La esterilización forzada y el aborto coercitivo sin el consentimiento de
la mujer o niña o sin que estas conozcan el propósito específico de tales
prácticas médicas y bajo el pretexto del bienestar de las mismas, son formas
de violencia contra las mujeres con discapacidad que atentan también contra
la su voluntad sexual.
Para muchas niñas y mujeres con discapacidad, esta experiencia, a la
que se les somete en contra de su voluntad, con intimidaciones y bajo presión,
constituye una denegación de su derecho a acceder a servicios apropiados.
Se violan sus derechos humanos fundamentales y se les priva de los
mismos, entre ellos el derecho a salvaguardar su integridad corporal y el
derecho a controlar su propia salud reproductiva. Esta violencia específica
incorpora claramente un componente de género, y constituye un caso de
marginación múltiple y de discriminación de las mujeres con discapacidad.