Actas del Congreso

Modificaciones de la normativa sobre propiedad horizontal y articulación…
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moderando el rigor de la regla de la unanimidad, prescindiendo de la necesidad
de acuerdo unánime en este tipo de situaciones 4 .
El siguiente paso lo da la ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites
del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las
personas con discapacidad, que, sin modificar el tenor literal de la LPH,
regula la posibilidad del titular de un elemento privativo afectado por una
discapacidad o persona mayor de setenta años de llevar a cabo la instalación
de elementos que contribuyan a la supresión de barreras arquitectónicas,
sin necesidad de acuerdo de la junta de propietarios, siempre y cuando
fuera la persona solicitante la que sufragara la instalación de ese elemento.
En este caso, el solicitante deberá notificar a la comunidad de propietarios
la necesidad de ejecutar las obras de adecuación por causa de discapacidad
y, en caso de ser posible, se acompañará dicha notificación del proyecto
técnico detallado de las obras a realizar. Se ofrece un plazo máximo de
sesenta días para que la comunidad solicite por escrito el consentimiento o
la oposición razonada a las obras, pudiendo proponer soluciones alternativas.
Pero la comunidad estará obligada a realizar tales obras cuando éstas
cumplan el fin citado, y podrá ser demandada si se opone. En efecto, frente
a dicha oposición, el solicitante podrá acudir en defensa de su derecho
a la jurisdicción civil. A la luz de la potencial demanda de la persona con
discapacidad, solicitante de las obras en cuestión, el juez dictará sentencia
reconociendo el derecho a ejecutar las obras en beneficio de las personas
con discapacidad, pudiendo, no obstante, declarar procedente alguna o
parte de las alternativas propuestas por la parte demandada. Sin embargo,
resulta ciertamente criticable la falta de claridad de esta regulación en lo
que se refiere a la interpretación que deba darse a la oposición de la comunidad
a la propuesta realizada por el solicitante. En efecto, la norma no
establece ningún sistema de mayorías que deba regir para entender que la
comunidad de propietarios ha rechazado la propuesta (Carrasco Perera,
2010: 655).
Esta Ley consagra un régimen alternativo al previsto tradicionalmente
en la LPH para la realización de obras en elementos comunes, pues no exige
el acuerdo, ni unánime, ni mayoritario, de la junta de propietarios. Pero
no se puede perder de vista que en el régimen regulado en esta norma las
obras siempre correrán a cargo del solicitante, quedando, no obstante, a
4
Entre otras, cabe citar las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1994
(RJ 1994\6435), de 5 de julio de 1995 (RJ 1995\5463) y de 22 de septiembre de
1997 (RJ 1997\6820).