Actas del Congreso

50 Rafael de Lorenzo García
ría limitar los Derechos Fundamentales de la Mujer, también definidos
en Conferencias Internacionales (El Cairo, Beijing, Consejo
de Europa, OMS etc.).
• Partiendo del principio de que el valor de la vida es el mismo para
todos, cuando una madre cree que no podrá aceptar ni superar,
el nacimiento de un hijo con una discapacidad, debemos respetar
sus Derechos Fundamentales y el derecho a decidir.
• La discapacidad es una construcción sociológica. Nadie nace discapacitado,
y existen sólo algunas patologías que pueden ser detectadas
de manera prenatal, pero no la mayoría de las deficiencias
que hoy conocemos.
• Si se siguiera el razonamiento expuesto por la doctrina que mantiene
la eugenesia, habría que eliminar el diagnóstico prenatal,
los estudios genéticos, el diagnostico pre-implantacional, etc. Estaríamos
contra el progreso que puede hacer nacer a muchos niños
sin discapacidad o superándolas (Tratamientos intraútero).
• Prácticamente todas las legislaciones nacionales en Europa y en el
mundo sobre la interrupción del embarazo recogen esta indicación,
porque no todos los marcos constitucionales permiten una
ley de plazos sin indicaciones.
• La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional no admite una ley
exclusivamente de plazos porque obliga a defender proporcionadamente
dos bienes jurídicos protegibles en colisión que son el derecho
de la mujer a decidir y a defender su salud y, por otra parte, el
derecho del nasciturus a partir del momento en que la ley lo considere
como tal. Por eso hubo que buscar una regulación equilibrada
en una norma que combinase los plazos con las indicaciones.
• Considero un exceso la afirmación de que la legislación española
admite la eugenesia por razón de discapacidad, cuestión ésta que,
más allá del debate matizado no responde a la voluntad del legislador
ni a los valores de la sociedad española.
• Si alguna crítica severa hay que hacer a la ley comentada es que no
se atreviera a dar el paso a suprimir el artículo 156 del Código Penal
que permite la posibilidad de esterilización forzosa por orden
del juez a personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente
y sin su consentimiento. Este sí que es un precepto radicalmente
opuesto a la Convención sobre el que bien valdría dirigir todas las
críticas y una robusta incidencia política para su supresión.