Actas del Congreso

La normativa tributaria española y el artículo 27 de la Convención Inernacional…
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del trabajo autónomo de personas con discapacidad bien en actividades
por cuenta propia, o a través de entidades de la economía social.
Quisiéramos comentar brevemente que la Convención obliga a todos
los Poderes Públicos españoles. Con ello queremos destacar que no es sólo
el Estado central el que debe tomar medidas. También lo tendrán que hacer
tanto las Comunidades Autónomas como los Entes Locales en el ámbito
de sus respectivas competencias. Como muestra de la preocupación de
las Comunidades Autónomas quisiera mencionar un ejemplo reciente de
la actividad de éstas en relación con el tema que nos ocupa. Así, en Andalucía,
el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social establece ayudas a los municipios
andaluces para la contratación de personas en riesgo de exclusión
social, por un período de entre quince días y tres meses. Dichas personas
han de cumplir determinados requisitos, entre los que no se encuentra
sufrir una discapacidad. Sin embargo, traemos este Decreto-ley a colación
porque a la hora de baremar las solicitudes, se dará prioridad a las solicitudes
siguiendo un orden de prelación que tiene en cuenta si alguno de
los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior
al 33% o se encuentra en situación de dependencia. El uso del Decretoley
por la Comunidad Autónoma en este caso está justificado ya que se
cumplía el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad”, como así se
justificaba en la propia Exposición de Motivos de la norma, y no se regula
ninguno de los temas vedados a esta figura normativa por el art. 86 de la
Constitución.
Indudablemente, el empleo de las personas con discapacidad preocupa
al legislador, el cual ha introducido diversas medidas en la normativa de la
Seguridad Social para incentivar la contratación de personas pertenecientes
a este colectivo. Ahora bien, ¿es esto suficiente? ¿Se está aprovechando
el sistema tributario para incentivar el empleo y mejorar las condiciones de
trabajo de los trabajadores con discapacidad? A responder a esta cuestión,
dedicaremos el siguiente epígrafe.
3. La normativa tributaria sobre empleo y discapacidad
En nuestra opinión, los beneficios tributarios pueden ser un gran incentivo
para que las empresas se animen a contratar empleados con discapacidad.
De la misma manera, también se puede incentivar a estos últimos a
fundar sus propios negocios. Consideramos que los beneficios fiscales presentan
ventajas tanto para el Estado como para las empresas sobre otro tipo