Actas del Congreso

La legislación universitaria española ante Convención de las Naciones Unidas…
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desde la admisión de la recurrente para cursar los estudios de diplomado
en enfermería se tuvieron que adoptar los refuerzos educativos necesarios
que implicaban el aprendizaje en cuanto a la metodología, organización,
agrupamientos, actividades, secuencias de contenidos, formas e instrumentos
de evaluación.
De esta forma, se le exigió al centro universitario que adaptara los criterios
de evaluación de la parte práctica de dichas asignaturas a la hipoacusia
que padecía la actora, aunque no se omitió el hecho de que la actora no
podría ejercer la profesión en los servicios en los que no hubiese efectuado
prácticas, con el objetivo de no generar perjuicios para terceros.
Por otro lado, en esta sentencia el análisis reside en que los centros de
enseñanza deben efectuar todos los ajustes necesarios que permitan que
el desarrollo de las asignaturas que realiza una persona con discapacidad
no presente obstáculos que limiten posteriormente la obtención del título
académico ofertado. Por consiguiente, cuando un centro de enseñanza decide
admitir a una persona con discapacidad debe prever las implicaciones
que dicho proceso vaya a originar.
Otro importante pronunciamiento judicial se produjo en materia de
becas y ayudas. Se trata de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de
noviembre de 2009. Con ella se resolvió un recurso en el que se planteó
posibilidad de no aplicar al recurrente unos requisitos previstos en una Orden
Ministerial para la obtención de una beca, en atención a su condición
de persona con discapacidad. Se invocaron los artículos 2 y 24 (derecho a
la educación) de la Convención y la Audiencia Nacional admitió la necesidad
de hacer un ajuste razonable:
Pues bien, desde esta perspectiva, la exoneración a determinadas personas con discapacidad
de las exigencias previstas en los artículos 30 y 31.1 B) de la Orden de 17
de junio de 2005, en cuanto establece como requisitos para la obtención de la beca
haber obtenido en el anterior curso 5 puntos de nota media y no contar con más de
una asignatura no superada, puede considerarse un ajuste razonable de la referida
norma, que garantice la no discriminación de las personas con discapacidad en el
ejercicio de su derecho a acceder a la educación superior.
Y el referido ajuste es especialmente pertinente en el supuesto enjuiciado, por cuanto
de la documentación unida al expediente administrativo y a las actuaciones judiciales,
se desprende que el recurrente padece una grave discapacidad neurológica (grado
de discapacidad del 76%), que le genera fuertes dolores de cabeza casi diarios, a
veces acompañados de sueño prolongado, discapacidad que le inhabilita para seguir
el régimen académico ordinario, y consecuentemente, para cumplir los requisitos
académicos exigidos al resto de los alumnos con carácter general para la obtención
de la beca.