Actas del Congreso

464 Patricia Lescano Feria
proteger la seguridad de éste; olvidando que detrás existe un conjunto
de personas que claman por ser escuchadas y pretenden ser los artífices
de cada aspecto de su vida. Ahora, ya es tiempo de abordar la capacidad
jurídica desde la óptica de los derechos humanos y para este cometido la
Convención de las Naciones Unidas ha plasmado su enfoque social.
El artículo 12 del tratado internacional es la mayor expresión de la
plasmación de dicha perspectiva. De acuerdo a su filosofía, y de toda la
Convención, las personas con discapacidad tienen la titularidad de los derechos,
pero también deben ser capaces de poder ejercerlos. Para tal fin se
debe reconocer que no son las personas con discapacidad las que tienen
que “mejorar” para merecer la capacidad jurídica, y que si no logran llegar
al nivel de un ciudadano normal se les excluye y anula la capacidad; sino
que es la sociedad la que debe adaptarse a la situación de la discapacidad
y para conseguirlo habrá que instaurar una serie de mecanismos y ajustes
que permitan acceder al ejercicio de sus derechos. Así, se deben erradicar
los obstáculos que dificulten la toma de decisiones de las personas con
discapacidad y donde no sea posible anular de manera definitiva los inconvenientes,
establecer sistemas de asistencia que favorezcan la consecución
de los objetivos. Lo que no permite el Tratado internacional es expulsar
de la vida jurídica al discapacitado bajo el “bienintencionado deseo” de
proporcionarle una “mejor” ayuda, cuando en realidad lo que se busca es
la protección del tráfico y la seguridad jurídica.
Los mecanismos de apoyo que promueve el artículo 12 deben permitir el
ejercicio de la capacidad jurídica, por ello no se sustituye, sino que se asiste,
se promueve la autonomía del discapacitado y se establecen las salvaguardias
necesarias contra el abuso de dicho apoyo; teniendo en cuenta las circunstancias
concretas y personales del discapacitado, como un “traje a medida”.
El art. 12 establece un cambio fundamental en la manera de abordar la cuestión de la
capacidad jurídica en aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad
puede necesitar la ayuda de un tercero. Este cambio puede ser denominado como
el paso del modelo de “sustitución en la toma de decisiones” al modelo de “apoyo
o asistencia en la toma de decisiones”, de modo que la incapacidad absoluta debe
dejar de ser la regla general y pasar a ser excepcional. (García Pons, 2013: 97)
Ante esto, surge la discusión por determinar si la promoción del sistema
de apoyos que hace la Convención excluye el mecanismo de sustitución
de la voluntad o no. Personalmente considero, así como muchos autores 7 ,
7
Vid. Mayor Fernández, David, “La reforma de la protección jurídica civil de la
discapacidad y la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006”, Boletín