Actas del Congreso

Reflexión acerca una posible compatibilidad entre los mecanismos sustitutivos…
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Desde la aprobación de la CIDPD, son varias las ocasiones en las que el
legislador se ha dirigido al Gobierno para que presentase una propuesta de
reforma de los procesos de modificación de la capacidad de obrar. Así, la
disposición adicional primera de la Ley 1/2009 de modificación del registro
Civil y de la Ley 41/2003, insta al gobierno para que, en el plazo de seis
meses, presente un proyecto de ley de reforma de la legislación reguladora
de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse
procedimientos de modificación de la capacidad de obrar. Sin embargo,
este proyecto de ley nunca se llevó a cabo, por lo que la Ley 26/2011, de
adaptación de la normativa española a la CIDPD, en su disposición adicional
séptima señala:
“El gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, remitirá
a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento
jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la CIDPD, en lo relativo al ejercicio
de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá
las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos
para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen”.
A la hora de plantear una posible reforma de nuestro procedimiento
de incapacitación habría que tener en cuenta ciertas premisas de carácter
circunstancial en torno a tres aspectos: las circunstancias que han rodeado
la aprobación de la CIDPD, el estado del procedimiento de incapacitación
en nuestros días y la situación real y actual que rodea a las personas con
discapacidad intelectual. Dado el espacio del que dispongo únicamente
desarrollaré los dos primeros aspectos.
2. Génesis del art. 12 CIDPD
El origen del debate en torno al art. 12 CIDPD surge precisamente a
raíz de una cuestión terminológica como es la de la aparente unificación
que existe entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esta no fue, desde
luego, una cuestión pacífica y fue objeto de continuos debates durante
las sesiones preparatorias de la Convención que se llevaron a cabo en el
y 66; Bariffi, Francisco, “Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas
con discapacidad a la luz de la Convención de la ONU”, en Pérez Bueno, Luis Cayo
(dir.), Hacia un derecho de la discapacidad: estudios en homenaje al profesor Rafael de Lorenzo,
Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 355; Argumentación del Fiscal con motivo del
recurso de casación planteado en la STS de 29 de abril de 2009 (RJ 2009/2901).