Actas del Congreso

84 Ana Sastre Campo
como limitada para el ejercicio de determinados derechos por razón exclusiva
de su deficiencia. Por lo tanto, casi podríamos decir que solo quienes
estaban vinculados a la política social conocían y eran sensibles a las necesidades
de las personas con discapacidad.
El modelo de la Convención sobrepasa la barrera de lo social así entendida,
porque parte del pleno reconocimiento de todos los derechos y libertades
fundamentales para todas las personas con discapacidad, incluidas
pero no de forma exclusiva las políticas y derechos sociales.
Esto significa que los hombres y mujeres, independientemente de que tengan
una deficiencia permanente del tipo que sea, deben disfrutar en igualdad
de condiciones de todos los derechos y libertades, y por lo tanto es responsabilidad
de quienes desarrollan políticas y legislaciones, en este caso, tener en
cuenta sus necesidades para no “discapacitarlos” en su efectivo ejercicio.
¿Qué es lo que sucede cuando no se tiene en cuenta la diversidad del
ser humano, materializada por ejemplo en la existencia de una deficiencia
cognitiva? Circunscribo mi respuesta a un caso concreto con la intención
de mostrar en la práctica lo que pretendo transmitir.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
artículo tercero apartado 1, apartados b y c dispone:
1. Carecen de derecho de sufragio:
b. Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre
que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio
del derecho de sufragio.
c. Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial,
durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización
el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio
del derecho de sufragio.
En este caso podríamos interpretar que el legislador, que no sabe cómo
garantizar en igualdad de oportunidades el ejercicio del derecho de sufragio
a una personas con discapacidad intelectual o psicosocial —entendemos
para que su voto se lleve a cabo de forma libre, directa y secreta—,
opta por autorizar a que un juez lo limite cuando exista una discapacidad.
Esta limitación es totalmente contraria a la CDPD 2 y sin embargo convive
2
Sobre esta exclusión del ejercicio de un derecho fundamental, el Comité sobre
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en el examen
al que sometió a España en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la