Actas del Congreso

158 Patricia Cuenca Gómez
regulación del consentimiento a los tratamientos médicos en el caso de
personas internadas en centros psiquiátricos, 5) la imposibilidad de adoptar
el internamiento terapéutico como medida cautelar lo que determina
la aplicación de la prisión provisional.
El proyecto de nuevo Código Penal no sólo deja pendiente la adaptación
de esta regulación al artículo 14 de la CDPD sino que implica un
retroceso sin precedentes contribuyendo a perpetuar la estigmatización de
las personas con discapacidad mental como victimarios peligrosos. Y ello
porque la revisión que se propone del sistema de medidas de seguridad
abandona la gravedad del delito como parámetro desde el que establecer
su proporcionalidad sustituyéndolo por la peligrosidad del autor (Ortiz
González, 2012 b). Y en el caso de las personas consideradas inimputables
la valoración de esa peligrosidad se vincula de manera expresa y directa
con la discapacidad mental contemplada como condición personal, lo que
supone claros vestigios del derecho penal de autor e incluso del enemigo
(AEN, 2013).
Así, en el Preámbulo se pone como ejemplo para justificar la mencionada
reforma el caso de una persona que sufre una “grave patología psiquiátrica”
que “le ha llevado” a cometer reiterados delitos contra la vida o
la libertad sexual. Por su parte, el artículo 98 establece que se acordará el
internamiento en centro psiquiátrico cuando tras la valoración “exhaustiva”
de la persona se concluya que “debido a su trastorno” es posible prever
la comisión de nuevos delitos “de gravedad relevante” y contempla la posibilidad
de prorrogar indefinidamente esta medida, que en un principio
no puede ser superior a cinco años, por periodos sucesivos de similar duración
cuando el internamiento continúe siendo necesario para evitar que el
sujeto que “sufre la anomalía o alteración psíquica” cometa nuevos delitos
“a causa de la misma”. Estas previsiones, por tanto, justifican que algunas
personas se vean privadas “a perpetuidad” de la libertad por razón de su
discapacidad (Muñoz Escandell y Sánchez Monge, 2014: 48) lo que supone
una violación más que flagrante del artículo 14.1 de la CDPD.
Cabe destacar que el proyecto de Código Penal convierte con carácter
general el concepto de peligrosidad en el centro del sistema al prever
también la aplicación de medidas de seguridad a personas criminalmente
responsables e incorpora, asimismo, una pena de prisión susceptible de
perpetuarse en el tiempo (la denominada prisión permanente revisable).
produce en el caso de las penas.