Actas del Congreso

620 Verónica San Julián Puig
de control imposibles de la aplicación en este caso. Por ejemplo, el art. 1720
obliga al mandatario a “dar cuenta de sus operaciones” al mandante; o el art.
1732.1 CC concede al mandante poner término al mandato revocándolo. El
problema radica en que el mandatario ha entrado en ejercicio de su poder
cuando el mandante ha perdido la capacidad para recibir esas cuentas y de
revocar el poder. Es decir que los medios de fiscalización que existen para
el mandato donde el control depende del propio mandante, no se pueden
aplicar a los poderes preventivos. Y, por otro lado, tampoco se le pueden
aplicar los controles que el Código Civil establece para los cargos tutelares,
porque no estamos ante una figura de guarda. Cosa distinta hubiera sido si
el legislador español hubiera regulado los poderes preventivos en el ámbito
de las instituciones de guarda, como lo ha hecho el legislador francés.
Tampoco se han previsto mecanismos de control en el caso de las instrucciones
previas o para el representante del paciente. En este último caso
nos encontramos con una relación triangular (paciente, representante y
médico), a la que entiendo que, como ya han señalado otros autores, se le
ha de aplicar las reglas del mandato (Francino, 2002: 223 y Botta, 2000: 8)
como sucede en la teoría general de la representación, ya que funcionaría
como un representante voluntario y directo del paciente, si bien, dados
los “sensibles intereses” que en esta relación se ven implicados, habría que
introducir algunas variaciones para ajustarla y acomodarla al ámbito sanitario
(Méjica y Díez, 2006: 145). En todo caso, serían de aplicación las
mismas consideraciones que hacíamos para los poderes preventivos sobre
la necesidad de existencia de esas reglas y su ausencia legal, de modo que
de momento el único camino expedito es que el propio interesado las incluya.
Cuestión que una vez más refuerza la necesidad de contar con el
asesoramiento de un experto en la materia para adoptar las medidas de
fiscalización y control más eficientes y adecuadas a cada caso.
D) Cuarto problema: tema tabú en la sociedad actual
Para terminar con las dificultades que pueden ser una rémora a la hora
de decantarse por acudir a estas herramientas, hacer una breve alusión a un
problema más sociológico que jurídico como es la prevención que existe en
nuestra sociedad ante toda temática que remita a la enfermedad o la muerte.
En este sentido desde distintos ámbitos, al hablar de estas herramientas y del
carácter residual que tienen en la actualidad, se pone de relieve “la falta de
mentalización generalizada de que estas enfermedades degenerativas también
nos pueden afectar” (Anguita, 2011) que lleva a no preverlas y adoptar
las medidas que permitan anticiparse a sus consecuencias.