Actas del Congreso

80 Marta Kindelán Bustelo
son razonables o suponen una carga desproporcionada o no serían suficientes
para la inclusión del menor”.
En este contexto, el 10 de marzo de 2014 el Defensor del Pueblo, con
ocasión de la solicitud del CERMI de interposición de un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad
educativa, la cual fue desestimada al haber sido interpuesto ya ese recurso
por otros de los sujetos legitimados, recordó a todas las Administraciones
educativas el carácter excepcional y residual de las decisiones de escolarización
de alumnos con discapacidad en centros de educación especial. Asimismo
les recomendó adoptar las medidas presupuestarias y normativas necesarias
para dotar a los centros ordinarios de los medios personales y materiales
precisos para la escolarización de alumnos con necesidades educativas específicas,
así como su diseño y adecuación estructural. Finalmente, les recomendó
que fundamentaran de forma expresa las decisiones sobre escolarización
de alumnos con discapacidad, con mención expresa a las necesidades
específicas del alumno afectado y a las adaptaciones precisas y justificando
debidamente, en su caso, la desproporción o imposibilidad de los ajustes razonables.
El Defensor del Pueblo les sugirió, por último, que regularan una
participación activa, completa y directa de los padres y de los propios alumnos
en esas decisiones, en especial en las de escolarización forzosa en centros
de educación especial y vías de reclamación y recurso más ágiles y eficaces.
En mi opinión, hay dos claves en este debate. De un lado, la reconversión
a un sistema de educación inclusiva que exige la Convención en el
sentido que recogen los textos y órganos internacionales es progresiva. Los
centros de educación especial han de transformarse en centros para la inclusión
y lo que es contrario a la Convención es no avanzar hacia ese objetivo.
Esos centros podrían formar a los profesionales, desarrollar y difundir
materiales y métodos, apoyar a los centros ordinarios y a los padres, ayudar
—a tiempo parcial— al alumnado con necesidades educativas especiales y
orientar la entrada en el mundo del trabajo (López-Torrijo, 2009). Lo que
vulnera la Convención es que la política educativa no encamine sus esfuerzos
en esa dirección. A ese respecto, no es una buena señal que aumenten
los centros de educación especial y los alumnos que cursan su educación
en los mismos, como según parece está ocurriendo en los últimos años
(Campoy Cervera, 2013: 20-27; Consejo Escolar del Estado, 2012: 221-222).
De otro lado y mientras el sistema complete esta reconversión, las resoluciones
forzadas de escolarización podrían, a mi juicio, resultar contrarias a
la Convención si implican que el niño se separe de la comunidad en la que
vive, ya que su artículo 24. 2 b) hace mención expresa a tal circunstancia