Libro de Actas final_2

GT 13 GRUPO DE TRABAJO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
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autonomía de gestión para desarrollar acciones de calidad
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valoración de la experiencia previa
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igualdad de condiciones entre profesores del centro y externos
La plasmación de estas medidas se encuentra en la modificación del articulado de la LOE. Así, la relativa a la
especialización de centros según tipología de alumnos se manifiesta en la modificación cincuenta (págs.44-45) que hace
referencia al apartado 2 del art.84 el cual queda redactado del modo siguiente: En ningún caso habrá discriminación
por razón de nacimiento, raza sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No
constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que
la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de
diciembre de 1960. En este caso, la modificación se realiza para que los centros con educación diferenciada por sexos
(segregada), queden dentro de la legalidad.
Respecto a la especialización funcional de centros, la modificación cincuenta y cinco (págs.47-48), se realiza sobre
el art.116 relativo a los conciertos, que dice en su punto seis: Las Administraciones educativas podrán concertar,
con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente ley
orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general. Con
esta modificación, la Formación Profesional Básica podrá ser concertada, lo que supone que centros privados podrán
impartirla con el apoyo económico detraído de los recursos públicos, fortaleciendo la desigualdad en la oferta. Y sigue
con otra medida que profundiza en las desigualdades al insistir en la especialización y competencia de, y entre los
centros: El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que podrá comprender,
entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora
del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de
recursos didácticos a plataformas digitales compartidas. (…).
Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas, supondrán para los centros educativos la autonomía
para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como de los recursos materiales y
financieros. De este modo se justifica la competencia entre centros. La idea se basa en ajustar el presupuesto a todos los
centros, a partir del cual se les ofrece una serie de incentivos o penalizaciones, dependiendo de los resultados obtenidos.
También pueden buscar financiación con actividades dentro del centro o cesión de espacios. Por si no tuviera éxito la
competencia entre centros, se publicarán las clasificaciones resultantes de las pruebas externas a que se someterán. Es
una competición en toda regla que eliminará recursos de las zonas y los centros más necesitados o en desventaja, en una
nueva contraposición a la recomendación de la OCDE de procurar que las estrategias de financiamiento respondan a las
necesidades de estudiantes y escuelas para asegurar la equidad y la calidad en los sistemas educativos.
La LOMCE añade que para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para
adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos.
El director decidirá qué es una acción de calidad. De ello dependerá la provisión de puestos y la carrera profesional. Se da
cobertura legal a los directores en la contratación de profesorado, fomentando la competencia entre centros por hacerse con
los mejores docentes, si bien se fija en proporcionar educación docente dirigida, que garantice que los maestros reciben las
habilidades y conocimientos necesarios para trabajar en las escuelas en desventaja. No es baladí esto de la formación de
docentes, pues la diversidad requiere medios materiales y humanos. Además se trata de establecer condiciones laborales
favorables, con incentivos financieros y de carrera apropiados y que deberían quedar reflejados en un estatuto del docente.
No obstante, si se quitan las ayudas a las escuelas que obtengan malos resultados en las evaluaciones, los centros competirán
no sólo por tener los mejores docentes, sino por tener los mejores alumnos y así no perder los recursos administrativos,
lo cual puede magnificar aún más las desigualdades. En este caso no se fomentaría un clima y ambiente escolar propicio
para el aprendizaje, ni se evitarían los ambientes difíciles que se suelen centrar en las escuelas en desventaja.
En la modificación sesenta y cuatro (págs.51-52), que hace referencia al art.127 sobre Competencias del Consejo Escolar
y del director, se puede observar que el Consejo Escolar deja de ser un órgano de decisión, para ser un órgano consultivo.
Otros órganos de decisión como la dirección del centro o el claustro de profesores no incluyen a los padres y madres.
Si bien es cierto que en España la participación de los padres es escasa, estos sólo podrán elegir el centro, pero no
participar de forma activa en el diseño y la gestión del proyecto educativo. En este punto nuevamente se contradice con
las propuestas de la OCDE sobre dar prioridad a la vinculación entre las escuelas, los padres y la comunidad, aplicando
medidas para evitar que los padres en desventaja se desvinculen de la participación en la escuela, mediante estrategias
de comunicación, establecimiento de vínculos, etc., diseñando estrategias específicas de comunicación y orientando a los
padres en su papel.
Por otra parte, limitar las funciones del Consejo Escolar a las de simple asesoramiento, incrementando su carácter
consultivo y descargándolo de su responsabilidad en la gestión de los centros, parece contradecir lo señalado en el art.
27.7 de la Constitución que reconoce el derecho de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos a intervenir en
el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la
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CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
XI Congreso Español de Sociología (FES)