Libro de Actas final_2

GT 17 GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDAD Y CICLO VITAL
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De hecho, y según lo establecido en enero de 2013, se mantiene la posibilidad de jubilación a los 65 años con toda la
pensión, cuando se acredite un periodo de cotización que aumentará progresivamente desde los 35 años y 3 meses en 2013
hasta los 38 años y 6 meses en el año 2027.
Más años de cotización. En el supuesto de retirada de la medida anterior, una alternativa sería la de ampliar de 35 a 38 los
años necesarios para percibir el 100% de la pensión.
Ampliar el periodo de cotización exigido para calcular la pensión. En la actualidad, el plazo es de 15 años -los últimos
antes de la jubilación-. El gobierno se limita a plantear este periodo de 15 a 25 años para tener derecho a percibir la
pensión, aunque había quienes propusieron que esta ampliación abarque al total de la vida laboral del trabajador, lo cual
supondría una reducción considerable en estas pensiones, especialmente para las personas que hubieran trabajado más
años en su vida.
Eliminar las pensiones de viudedad vitalicia en algunos supuestos como, por ejemplo, “cuando la convivencia familiar
haya sido breve y no existan descendientes”. Se podría compensar con un pago único.
Mejorar la financiación del sistema, incrementando las bases de cotización a la Seguridad Social.
Frenar las prejubilaciones y restringir las jubilaciones anticipadas. El gobierno pretendía elevar progresivamente la edad
de prejubilación hasta los 58 años, desde los 52 actuales y limitar este tipo de reducción de plantillas a las empresas con
beneficios, y que cofinanciaran los sobrecostes que ocasionan a la Seguridad Social.
Durante el periodo que comprende desde el año 2013, cuando el gobierno propuso que empezara el cómputo al que más
arriba nos hemos referido, hasta el 2025, se ha estimado que la Seguridad Social se ahorraría 1.614 millones de euros. En
esos doce años, que se considera el periodo de adaptación, la reforma se introduciría de forma progresiva y cada año el
ahorro sería de 134,5 millones de euros.
El gobierno ha suspendido, a partir de enero de 2013, durante tres meses la aplicación de los artículos en materia de
jubilación anticipada y parcial que contemplaba la ley, a fin de dar tiempo a que estos cambios pudieran debatirse en el Pacto
de Toledo. A este respecto, el ejecutivo ha propuesto retrasar la jubilación anticipada voluntaria hasta los 65 años, frente
a los 63 en los que quedaba fijada con la reforma, y la anticipada de retiro forzoso hasta los 63, en lugar de a los 61 años.
Según un editorial de la revista Actualidad Económica 3 “solo hay tres maneras de garantizar el sistema español de
jubilación: elevar las cotizaciones, disminuir las prestaciones y retrasar la edad de retiro. Todas ellas son medidas
necesarias pero tan impopulares que el Pacto de Toledo quiere apartarlas del debate público para promover una reforma
descafeinada e insuficiente”.
En dicho editorial se afirma asimismo que “el sistema público de pensiones está amenazado. Los modelos de reparto como
el español son a la vez un impuesto y un subsidio. El impuesto grava el trabajo de los jóvenes y el subsidio financia el
ocio de los mayores”.
El panorama que presenta esta publicación no es en absoluto halagüeño: “En 1970, había 6,2 personas con edades
comprendidas entre los 20 y los 64 años por cada persona mayor de 65. En 2009, ese número se había reducido a 3,8. Según
el escenario demográfico publicado por el Instituto Nacional de Estadística, entre 2009 y 2049 ese número se estrechará
progresivamente hasta llegar a tan sólo 1,5. Si no reformamos la institución, o no se produce un milagro económico, para
que el sistema de pensiones fuera sostenible en 2049 las jubilaciones tendrían que reducirse aproximadamente a la mitad.
O, visto de otra manera, si en 2049 el Gobierno de turno pretendiera pagar las mismas pensiones que hoy sin cambiar las
cotizaciones, el tipo del impuesto sobre el valor añadido necesario para financiarlas debería rondar el 59%”.
Ante esta situación, en noviembre de 2010, desde Bruselas la Comunidad Europea urge a España a reformar las pensiones
para calmar a los mercados, asegurando que el sistema público puede entrar en quiebra a partir de 2030, cuando se
jubilarán los trabajadores nacidos después de 1965.
El día 28 de enero de 2011, el Consejo de Ministros y el 22 de julio del mismo año el Congreso de los Diputados
aprobaban, como contenido de la Ley de Modernización del Sistema de la Seguridad Social, las siguientes medidas para
la reforma del sistema de pensiones en España, después de llegar a un principio acuerdo con la patronal y los sindicatos:
La edad de jubilación se eleva desde los 65 hasta los 67 años y se exigirán 37 años de cotización para lograr el 100% de
la prestación.
Podrá mantenerse la jubilación a los 65 años para los trabajadores que hayan cotizado 38,5 años, percibiendo también el
100% de la pensión.
La edad mínima para la jubilación anticipada pasa de los 61 a los 63 años de edad.
El periodo del cálculo para la percepción de la pensión integra se amplía de los 15 a los 25 años, aunque en una primera
fase se computarán los últimos 20 años cotizados y en una posterior los 25 años. De esta forma, quienes hayan nacido a
partir de 1948 se verán afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya
no podrán retirarse antes de los 67, salvo si tienen 38 años y medio cotizados, que lo podrán hacer a los 65 años de edad.
3 Actualidad Económica nº 2701, Noviembre 2010
CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
XI Congreso Español de Sociología (FES)